El Gobierno niega el acceso a las familias a las exhumaciones en el Valle de los Caídos

Ochenta y dos años después de que les arrebatara la vida una bala en una trinchera, o los disparos de un pelotón de fusilamiento, los restos de los hermanos Manuel y Ramiro Lapeña Altabás, y de Pedro Gil Calonge y Juan González Moreno están ya un poco más cerca de descansar en paz. Legalmente es posible recuperar sus restos mortales y devolverlos a sus lugares de origen en Aragón, Soria y Málaga, donde los esperan sus descendientes 59 años después de que el gobierno franquista los sacaran de sus fosas y, sin informar ni pedir permiso a las familias, los llevaran al Valle de los Caídos.

Ahora solo falta saber si ese retorno es posible también técnicamente. Ese camino ha comenzado de forma efectiva este lunes a las 9:30, cuando peritos del Instituto Torroja, comandados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entraban en las criptas de la basílica, bajo la enorme cruz que preside el valle de Cuelgamuros, para analizar si es seguro excavar y remover, dado el avanzado estado de deterioro de todo el monumento. Los mismos trabajos preliminares se realizaron antes de la excavación que buscó los restos de Miguel de Cervantes en Madrid en 2016. 

Nietos de republicanos y nacionales recuerdan a sus antepasados a las puertas del Valle de los Caídos

Durante dos días los peritos realizarán catas en el nivel tercero del columbario de la capilla del Santo Sepulcro, taladrando con finas brocas agujeros por los que meter microcámaras. Con ellas observarán el estado de los restos, y si las cajas en los que fueron metidos están íntegras. Según la documentación que manejan las familias, en ese columbario están los restos de 81 republicanos fusilados en Calatayud, repartidos en 9 cajas de madera con su correspondiente numeración.

Las familias esperan con ansiedad el resultado de un informe técnico que aún no tiene fecha de  entrega. Nietos y sobrinonietos que la mañana de este lunes se habían levantado a las 5 para coger un AVE desde Barcelona –como la familia del combatiente del bando 'nacional' Pedro Gil-, o a las 4 para llegar en coche desde Zaragoza –como los parientes de los republicanos Lapeña–, no han podido entrar en el lugar donde están los restos de sus antecesores. Patrimonio Nacional no les ha permitido el acceso, y se han quedado a la puerta del valle, junto a la caseta de recepción para turistas.

"Este es un momento histórico -ha dicho en ese mismo lugar el abogado especialista en Memoria Histórica Eduardo Ranz–. Hace décadas, unos demócratas fueron fusilados y secuestrados para colocarlos junto a su verdugo, y hoy los nietos de todos ellos podrán iniciar el camino para darles un entierro digno, conforme a sus creencias y religiones. Por primera vez la sociedad española va a ser testigo de la entrada en la fosa más grande del mundo, bajo la cruz más grande del mundo, y esto dentro del Estado de Derecho".

El abogado Ranz hablaba en nombre de familias a las que representa en un litigio que ya lleva activo hasta seis años (dependiendo de cada expediente) y con peticiones aún no resueltas. El prior de la abadía benedictina que custodia el monumento, Santiago Cantera, no ha salido a recibir a las familias. "No está ni se le espera", ha dicho el abogado Ranz, que ha insistido en que "ninguno de estos trabajos se realiza desde el revanchismo".