La estrategia del concierto

El concierto económico es el marco legal que permite hoy que las comunidades forales (País Vasco y Navarra) recauden sus impuestos, asuman plenamente los gastos de las competencias que ejercen y hagan en principio una contribución a las cargas comunes (la cuota). Es el caso manifiesto más conocido de financiación asimétrica en España y ejemplo de una relación bilateral casi confederal. Incluso su tramitación se hace como si se tratase de un convenio internacional. Se aprueba como artículo único y, como leypaccionadaque es, se prorroga por falta de acuerdo de las dos partes. Permite una casi plena responsabilidad fiscal y fija un pacto en torno de lo que debe ser el mecanismo de nivelación: el Estado no descuenta de las transferencias que tendrían que recibir los gobiernos autonómicos lo que cree que debe ser la aportación de cada comunidad al reequilibrio territorial, sino que, una vez los recursos entran en la caja de las diputaciones forales recaudadoras, se determina según el pacto concertado lo que han ser las aportaciones a las cargas comunes.

Hay que reconocer sin tapujos que, en su definición actual, el concierto vasco es un privilegio, entre otras razones por la manera en que se fija el cupo. La contribución a la solidaridad territorial es mínima y eso permite una financiación que, en igualdad de competencias, se estima que otorga un 70% más de financiación que lo asignado al régimen general en Catalunya, y posibilita a las corporaciones locales un gasto por habitante doble al de Catalunya por las mismas competencias.

Como muy bien ha mostrado el reciente trabajo deFrancesc Homssobre el tema, ni el concierto vasco ni el reclamado concierto catalán están en la Constitución. De manera que esta no determina la existencia o no de uno u otro, que se debe exclusivamente a la voluntad política en uno u otro sentido. Sorprende en todo caso que las críticas que ha merecido el concierto vasco de los dos grandes partidos nacionalistas españoles no se concreten ahora en una reforma de su articulado, cuando son ellos, y no los nacionalistas vascos, quienes mandan en Euskadi. Sorprende y no sorprende, porque de esta hipocresía política tenemos ya el antecedente de Navarra, donde los populares han mandado hasta hace poco, con su franquicia Unión del Pueblo Navarro, y nada han modificado de los privilegios denunciados.

La parte curiosa de todo ello es que CiU haya resucitado la reivindicación del concierto en su programa electoral. ¿Se trata de encabezar la reclamación de una nueva financiación bajo la bandera del concierto, algo que no se hizo explícito como tal en el texto del Estatut que aprobó el Parlament de Catalunya? De hecho, si no recuerdo mal, solo un grupo político reivindicaba en aquel momento el concierto foral sin tapujos, mientras que otro minoritario añadía el adjetivo desolidario,que entrañaba cierta ambigüedad. Cuando menos, los dos grandes partidos querían evitar explícitamente la palabraconcierto, descontando una probable descalificación estatal jurídico-constitucional por la utilización de un término que podía hacer fracasar la reforma estatutaria. Pensar que este se puede pedir ahora y que el pueblo catalán acompañará la reclamación hasta el final, para constatar una vez más que el Estado es insensible a la financiación anhelada, cuando de entrada una parte del electorado, ni entonces ni posiblemente ahora, es partidario del concierto, me induce a pensar que se trata de una estrategia dudosa. Si la estrategia no es la de cerrar filas frente al muro de las lamentaciones centralistas, sino de saltarlo, eso requiere dos cosas que, combinadas, pueden ser efectivas, pero igualmente inciertas. La primera, la necesidad de unMajestic 2por la debilidad que muestre la minoría mayoritaria española. Y, la segunda, que quien esté en la oposición vea bien otorgar una especie de concierto a Catalu-nya como vía para uniformizar los otros dos conciertos forales: un concierto para todos (para las comunidades históricas, claro) y descafeinado. Eso permitiría que socialistas y populares concretasen mejor lo que predican y lo que practican a escala estatal, y que los nacionalistas catalanes mejorasen su financiación haciendo converger a la baja la de sus colegas vascos.

Creo que sería mejor no someter el tema de la financiación a la batalla electoral. Hay otras alternativas. Se podría mantener, por ejemplo, el acuerdo básico que se alcanzó con el Estatut catalán aprobado mayoritariamente en el Parlament de Catalunya, reproduciendo toda la articulación en materia de financiación (la idea de pacto, nivelación parcial, bilateralidad y automatismo) que ya en su día se usó para aproximarnos al concierto fiscal sin decirlo. Difícilmente quien lo aprobó en su día podría decir que no lo apoya, y ahora menos que nunca después de haber comprobado el fiasco de las claudicaciones estatutarias. Un envoltorio con este articulado acerca de un «acuerdo por un pacto fiscal justo con el Estado», con el apoyo de una sociedad civil que lo robustezca, y todo firmado antes de las elecciones, me parece una estrategia superior. ¿Aún estamos a tiempo?

Catedrático de Economía de la UPF.