El Estado destapa nuevos frentes de su estrategia jurídica

El Gobierno, el Consejo de Estado y la Fiscalíahan dado nuevos y reveladores pasos al frente en las últimas horas que sirven para ir desentrañando cuál es la estrategia jurídica que tiene preparada el Estado para actuar, si lo considerasen necesario, en caso de desobediencia tras la suspensión de la <strong>declaración secesionista</strong> que está por llegar en las próximas 48 horas de mano del Tribunal Constitucional.

Desde la Audiencia Nacional ha sido su fiscal jefe, Javier Zaragoza, quien se ha encargado de difundir un escrito en el que se insta a todos los cuerpos policiales, incluidos los Mossos d'Esquadra, a que le remitan un "atestado urgente" en caso de que detecten actividades que puedan interpretarse como sedición. Y por si hay alguna duda, deja claro que por "sedición" ha de entenderse cualquier actividad encaminada "a cambiar ilegalmente la organización del Estado", un delito que está penado hasta con 15 años de prisión.

Pero aún va más allá el mencionado fiscal, que recalca que una vez que haya decisión del alto tribunal sobre la declaración secesionista, si se intentasen desplegar jurídicamente sus efectos, se podría estar también ante delitos de "prevaricación, desobediencia, usurpación de funciones o uso indebido de fondos públicos". 

En todo caso, las directrices de Zaragoza se refieren a los funcionarios (el sindicato CSIF está preparando un protocolo para alertar de posibles problemas con la justicia ante determinadas actuaciones) y autoridades que no tengan fuero, dado que quienes gozan de este privilegio solo pueden ser perseguidos por el Tribunal Superior de Justicia o por el Supremo. O, como lleva semanas advirtiendo el Gobierno central, por el Constitucional si se opta por hacer oídos sordos a sus decisiones.

SUSPENSIÓN DE FUNCIONES Y DELITO DE DESOBEDIENCIA

Precisamente en el contexto de la preparación de ese recurso que llegará el miércoles al TC se ha conocido que el presidente, Mariano Rajoy, quiere que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el secretario general de la Cámara y los integrantes de su Mesa, así como todos los miembros del Govern en funciones, de Artur Mas en adelante (o los de un nuevo equipo en caso de que hubiera investidura esta semana), tengan conocimiento directo de lo que puede suponer para ellos dar la espalda a las decisiones del Constitucional.

Esta ampliación de foco ante posibles responsabilidades se ha confirmado gracias al dictamen emitido por el Consejo de Estado que, entre otras cosas, hace un resumen de los objetivos que Rajoy transmitió al órgano consultivo. "Se solicitará al Constitucional que en dicha notificación se imponga a la señora presidenta, a la Mesa del Parlament de Catalunya y a su secretario general la prohibición expresa de admitir a trámite, ni para su toma en consideración, ni para su debate o votación iniciativa alguna, sea de carácter legislativo o de cualquier índole, que directa o indirectamente pretenda dar cumplimiento a la resolución suspendida", se recoge en el mencionado dictamen.

Desde la Moncloa se ha optado por ampliar el foco y estar pendiente no sólo de la máxima responsable del Parlament, sino de Mas y sus 'consellers' e incluso, de los presidentes de los grupos parlamentarios JxSÍ y la CUP si se transita el camino de la desobediencia, tal y como ha adelantado <strong>EL PERIÓDICO DE CATALUNYA</strong>. El escrito de Rajoy al Consejo de Estado viene a confirmar esta tesis.

"Se incluirá anexo al señor presidente de la Generalitat y a todo su consejo de gobierno la prohibición de promover iniciativa legislativa o dictar norma de rango reglamentario o realizar cualquier otra actuación con la misma finalidad -reclamará Rajoy al TC haciendo uso de sus facultades cuando presente recurso de inconstitucionalidad-. Finalmente, se solicitará también al Constitucional que la notificación se practique a todos ellos bajo apercibimiento expreso de suspensión en sus funciones".

Por si era poco, el Gobierno le pide también al Alto Tribunal que aproveche el escrito que enviará a los altos cargos del Parlament y de la Generalitat para advertir que, además de los recursos coercitivos que ofrece la recientemente aprobada reforma del TC, no se descarta proceder por el delito de desobediencia de los mandatos judiciales, "en caso de incumplimiento".

"VULNERACIÓN DEL NÚCLEO CONSTITUCIONAL"

En lo que atañe al Consejo de Estado, concluyó (por unanimidad) que existen "razones fundadas" para recurrir la resolución secesionista alegando que "existe una perfecta inadecuación entre la condición de Catalunya como comunidad autónoma y la autoatribución al pueblo catalán que, a través de su Parlament se pretende, de la condición de poder constituyente y soberano".

En resumen, el órgano consultivo cree que la polémica resolución vulnera "de forma evidente" el "núcleo esencial" de la Carta Magna y niega el orden constitucional vigente al advertir de la desobediencia a las instituciones, por lo que aconseja al Ejecutivo recurrir. Será este miércoles cuando el Consejo de Ministros apruebe finalmente el recurso, que se registrará inmediatamente en el Constitucional.