Esquerra acusa a CDC de llevarse seis millones del Palau en seis años

Esquerra puso ayer cifra, aunque aproximada, al dinero que Convergència pudo haber obtenido de forma irregular con el Palau de la Música como puente. La lanzó el presidente del partido, Joan Puigcercós, en declaraciones a Catalunya Ràdio: «CDC se ha podido llevar 5,8 millones de euros». Puigcercós se refería al periodo transcurrido entre el 2003 y el 2008 y al «entramado económico» que atribuye a Convergència. El líder republicano aseguró que lo que su partido quiere es que la comisión del Parlament que investiga una posible financiación irregular de CDC ayude a «destapar» ese entramado. No fue la única alusión de Esquerra a la cuestión.

El portavoz del partido, Ignasi Llorente, criticó que Convergència «quiera echarle todas las culpa a su extesorero ya muerto», en alusión a Carles Torrent, y se preguntó «quién le daba órdenes» al citado responsable de finanzas del partido nacionalista. Porque desde hace unas horas, Torrent, contable de CDC y de la Fundació Trias Fargas hasta que murió de un infarto en el 2005, está en el centro de las sospechas. De momento, sin resolución posible. Las anotaciones en un documento que indican que Fèlix Millet y él se repartieron el 4% del coste de una obra adjudicada por el Govern de CiU a Ferrovial –el proyecto de la Ciutat de la Justícia– motivaron ayer preguntas y explicaciones.

Los diputados que forman la comisión de investigación del Parlament solo conocían los datos aparecidos en los medios de comunicación. Recibieron la polémica documentación a media mañana. El Palau los envió al Parlament. Entretanto, los partidos insistieron en preguntarse si CDC se financió irregularmente.

«NO ME LO EXPLICO» / Y Convergència explicó de nuevo que no sabe nada, que todo es falso y que la muerte de Torrent impide preguntarle qué sentido tienen las anotaciones. A esa pregunta, la de qué sentido puede tener el documento citado, que recoge en detalle el reparto del 4% entre Torrent y Millet, el secretario general adjunto de CDC, Felip Puig, se vio incapaz de hallar una respuesta: «No me lo explico», declaró. Negó conocer los documentos y puso la mano en el fuego por Torrent: «Por la información que tengo, su actuación fue legal».

Convergència reafirmó que la adjudicación de obra pública fue impecable mientras CiU gobernó. Puig, uno de los consellers de Política Territorial i Obres Públiques de la época, afirmó: «Tengo la conciencia tranquila y no temo a la justicia». Calificó de «inquisición política» la comisión de investigación del Parlament, y ante las voces que piden que se cite tanto al líder convergente, Artur Mas, como a él mismo y a Pere Macias, también exconseller de Política Territorial, aseguró que los tres están dispuestos a acudir.

COMPARECENCIAS / Sin embargo, no está nada claro que eso sea necesario. ICV-EUiA fue el único partido que apostó claramente por que Mas se explique en la comisión. Esquerra no lo considera conveniente, para evitar que el control parlamentario se convierta «en un show mediático», en palabras de Puigcercós. Fuentes del PSC descartaron pedir que Mas acuda, y al PPC tampoco le parece necesario. Los socialistas sí quieren que Puig y Macias hagan acto de presencia.

Por si las moscas, a primera hora de la mañana, el portavoz de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, había lanzado un aviso al PSC sobre la conveniencia de acotar sus ataques: afirmó que si Mas era llamado a comparecer, los nacionalistas solicitarían que el presidente de la Generalitat, José Montilla, hiciera lo propio. En una semana se saldrá de dudas. El lunes se sabrá si hay más citados.