ERC difundirá por toda Catalunya las "conexiones" entre Millet y CDC

La Esquerra de Josep Lluís Carod-Rovira era la Esquerra de las «manos limpias». Joan Puigcercós ha querido hacer suyo ese lema, pero dejando claro que hay partidos que no pueden decir lo mismo. ERC ha organizado una ofensiva electoral en toda regla contra CiU a cuenta del caso Palau. De aquí a las elecciones, los republicanos difundirán por toda Catalunya su «verdad» sobre el expolio del Palau de la Música, una versión que incluye las «conexiones» entre las corruptelas de Fèlix Millet y CDC. Lo repetirán a lo largo y ancho del país a través de trípticos informativos, un vídeo-resumen de la comisión de investigación del Parlament e, incluso, un ciclo de conferencias.

Los diputados de ERC en la comisión, Pere Bosch y Maria Àngels Cabasés, viajarán por las comarcas explicando las conclusiones de sus pesquisas políticas sobre la relación entre Millet y la fundación convergente Trias Fargas. Esquerra quiere explotar el mismo filón que CiU usó en la campaña electoral del 2006, el de la presión audiovisual al adversario, aunque esperan que les surta mejor efecto que aquel Confidencial.cat de los nacionalistas que resumía las pestes del primer tripartito.

CUESTIONAR LA HONRADEZ / Desde luego, esta campaña le sirve a ERC para seguir distanciándose de CiU, dentro de su estrategia de marcada equidistancia entre la federación nacionalista y el PSC. Está por ver, sin embargo, si una ofensiva dirigida a cuestionar la honradez política de su rival será un obstáculo para que ambos partidos se entiendan tras el 28-N. El nacionalista Oriol Pujol advirtió ayer a Esquerra de que actúa como un «pirómano» y que puede acabar «abrasado por sus llamas».

Pero el líder de ERC, Joan Puigcercós, no esconde sus dardos a CiU, como el que le envió al afirmar que hay partidos inmunes en las urnas a la corrupción. El republicano prometió tres medidas: un órgano único de contratación pública; un pacto de integridad para que conselleries y empresas licitadoras se comprometan a no pagar, ofrecer, exigir o aceptar sobornos; y una ley de transparencia para que los ciudadanos puedan inquirir a la Administración.