LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN
Un empresario obtuvo 30 millones en contratos a dedo del PP valenciano
Laura L. David
Periodista
LAURA L. DAVID / VALÈNCIA
Más de 30 millones de euros en adjudicaciones amañadas por las administraciones que controlaba el PP en la Comunitat Valenciana: consejerías, diputaciones, empresas públicas, el Ayuntamiento de València... Este es, al menos en parte, el balance de la cuenta de resultados del empresario José Adolfo Vedri, detenido a raíz de la operación Taula por la presunta trama de financiación ilegal del PP valenciano durante la etapa de Francisco Camps.
Según ha revelado este lunes la cadena SER, Vedri era uno de los principales financiadores en la trama del 3% del PP valenciano. Lo hacía a través de su agencia de comunicación Engloba y 14 empresas más de su propiedad, con las que obtuvo contratos de forma irregular de la Generalitat Valenciana desde 1999, época todavía de Eduardo Zaplana como presidente, aunque los amaños se extenderían y agrandarían con la presidencia de Camps, a partir de 2003.
SIN PUBLICIDAD Y CON URGENCIA
La documentación de la pieza principal del 'caso Imelsa' a la que ha accedido la emisora demuestra que la mayoría de adjudicaciones se hicieron por el procedimiento negociado sin publicidad, en las que el Gobierno valenciano invitaba a tres empresas, todas propiedad de Vedri. Alternativamente, también se usaba el procedimiento de urgencia, que permitía la adjudicación a dedo y evitaba el concurso público.
El empresario de cabecera de los populares habría obtenido así la campaña informativa sobre la gripe del 2010 (731.555,54 euros), las de prevención de incendios y la de publicidad del Servei Valencià d'Ocupació, de entre 780.000 y 900.000 euros. Como contrapartida a estos contratos, Vedri habría pagado una mordida al PP valenciano de cerca del 3%. La cadena SER ya reveló, citando fuentes de la investigación del caso, que Camps era el “recaudador” de este dinero para el partido.
60 EMPRESARIOS Y POLÍTICOS IMPUTADOS
La pieza principal del ‘caso Imelsa’, destapado a raíz de las grabaciones del arrepentido Marcos Benavent, mantiene imputados a 60 empresarios y cargos populares, entre ellos al expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus. Se les investiga por delitos de cohecho, prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude, falsedad y blanqueo en relación con una red de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas, cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
- Una intensa granizada impacta en Barcelona y el litoral catalán
- El SMS que Hacienda está enviando a todos los que han hecho esto en su declaración de la renta
- Sumergir los pies en vinagre, la nueva tendencia que arrasa: estos son sus beneficios
- Catalunya rechaza el reparto de menores no acompañados llegados a Canarias que propone el Gobierno
- Encuesta elecciones Catalunya: El PSC se afianza en cabeza y Junts toma la delantera en su pulso con ERC
- Saltan las alarmas por el estado de salud de uno de los Mozos de Arousa
- Una familia recupera la titularidad de un piso de Girona tras varios intentos de desahucio
- Un luchador iraní es golpeado por el público y suspendido de por vida tras pegar una patada a una chica en el ring