Un empresario confiesa que financió ilegalmente al PP valenciano

Las campañas electorales del PP valenciano del 2007 y 2008 se financiaron de manera ilegal a través de Orange Market, una de las firmas de la trama Gürtel. Así lo ha reconocido en su escrito de defensa el empresario Enrique Ortiz, uno de los 20 acusados en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional y de la que el magistrado José de la Mata dictó apertura de juicio oral el pasado 26 de febrero.

Ortiz confesó que abonó 348.115 euros al PPCV para las generales de 2008, algo que entronca con las tesis de Anticorrupción, que cree que Orange Market emitió seis facturas a la empresa Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras por servicios que realmente no se habrían prestado. La investigación apunta a pagos de carácter dual por parte del PPCV. Parte se realizaba con dinero oficial, al que llamaban en "A" o "Alicante". Y el resto en dinero en "B" o "Barcelona". En este segundo caso Orange Market hacía de puente para que empresas contratistas no facturaran directamente a la formación política, algo prohibido por la ley electoral.

El juez lleva a juicio la financiación ilegal del PP en Valencia

Con este escrito, Ortiz reclama que se le aplique la atenuante de “confesión tardía de los hechos” y que se le rebaje la petición de condena de cuatro a un año y tres meses de cárcel. La de la financiación ilegal es una de las cinco piezas de la Gürtel en Valencia y sentará en el banquillo a los cabecillas de la red, a empresarios de cabecera del PPCV en la época de Francisco Camps y a miembros de la entonces cúpula del partido como Vicente Rambla y Ricardo Costa. Además, Ortiz, dueño el 70% del suelo de la ciudad de Alicante, está procesado en otras causas del 'caso Brugal', relativo a irregularidades en la gestión de contratas de basuras.

EL TALÓN DE LA EXALCALDESA

Por su parte, la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha remitido a Instrucción 18, el juzgado que investiga el 'caso Taula', una declaración de 11 páginas donde explica que no recuerda “con exactitud” cómo abonó 1000 euros al grupo popular que encabezaba como donativo para los comicios del 2015. Esta declaración, avanzada por 'El País', habla de “un talón bancario contra su cuenta corriente en Bankia”, aunque la política no tiene claro cómo se descontaron desde grupo el referido talón.

En el escrito, Barberá insiste en que los 1000 euros no le fueron devueltos. La Fiscalía y la Guardia Civil consideran que la mayoría del grupo, entre dirigentes y asesores, pagaron esta cantidad, que luego les fue reembolsada en dos billetes de 500€ dentro de un sobre. Por esta pieza separada existen 47 imputados más el PPCV como persona jurídica. Se les investiga por un delito de blanqueo de capitales. La acusación cree en la existencia de una caja b alimentada de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.

Barberá también sostiene que esta acusación podría ser fruto de una venganza de Alfonso Grau, su mano derecha entre 1995 y marzo de 2015, cuando dimitió tras ser procesado en el 'caso Nóos'. Grau siente que Barberá le dio la espalda en este asunto y también al dejar fuera de las listas a su esposa, María José Alcón, exconcejal de Cultura y vínculo entre el consistorio y Marcos Benavent, cerebro arrepentido de la trama. Las conversaciones entre ambos detallan supuestas mordidas entre el 2004 y 2006 en actos culturales y obras de rehabilitación de patrimonio histórico.