Divorcio con interrogantes

En todo proceso de separación, por muy amistoso que sea, y más aún si no lo es, siempre es necesario entablar una negociación para repartir bienes, inmuebles y también deudas, entre otras cuestiones. Trasladado a la crisis matrimonial entre Convergència y Unió, la distribución de cargos y de cargas requeriría de unas cuantas reuniones para llegar a una entente definitiva... siempre y cuando la fractura sea algo más que una mera brecha cosmética a la que basta aplicar unos puntos de sutura para repararla. Según sus propios estatutos, ni uno ni otro partido podrán utilizar las siglas 'CiU' si se consuma su separación. Además, se creará una «comisión liquidadora», integrada por cuatro personas, que se encargará de tramitar el divorcio.

EL PARLAMENT Y LAS CORTES

Para lo que queda, no romper la convivencia

Diferentes cargos de la federación -algunos más por ganas que por otra cosa- ya han dejado caer que Unió y Convergència concurrirán por separado a las elecciones del 27 de septiembre. Ya se verá. El caso es que la fractura debe superar unas fases previas. Pese a la marcha de Ramon Espadaler, Joana Ortega y Josep Maria Pelegrí del Govern, UDC no tiene previsto romper con CDC ni en el Parlament ni en las Cortes y aboga por agotar las respectivas legislaturas. En el caso del Congreso y el Senado, lo máximo que se ha apuntado es que podrían distribuirse los tiempos de las intervenciones. En la Cámara catalana se insiste en que todo seguirá igual hasta que el 'president' Artur Mas convoque oficialmente los comicios. De todas formas, si la separación se agravara, el reglamento del Parlament establece dos posibilidades. Si se fueran del grupo parlamentario todos los diputados de Unió (15), estos pasarían al grupo mixto. Si solo se marcharan unos cuantos (la opción más probable dentro de la hipótesis puesto que en el hemiciclo hay varios críticos), se convertirían en diputados no adscritos.

MUNICIPIOS Y DIPUTACIONES

CDC se blinda a la hora de repartir cargos

Un apartado más espinoso. Convergència ha paralizado las negociaciones con Unió para repartirse los cargos en las diputaciones y los consejos comarcales, según avanzó ayer RAC-1. En el caso de los ayuntamientos, el acta de concejal es personal e intransferible y a lo máximo que se podría llegar en caso de riña mayúscula sería a que alguno se convirtiera en no adscrito. Sería una excepción o una situación a medio o largo plazo, porque, como en el caso del Parlament y las Cortes, la intención de Unió es seguir yendo de la mano de quienes han sido sus socios durante 37 años.

Más tensión puede haber a la hora de distribuirse los puestos de 417 consejeros comarcales, 51 diputados provinciales y la presidencia de las cuatro diputaciones. Ahí, si la crisis se agudiza y no se llegan a poner de acuerdo de buenas maneras, Convergència está dispuesta a hacer valer su peso de partido grande de la familia porque, según sus cálculos, los regidores democristianos representan solo el 10% del total de concejales de la federación. Con esa aritmética, los cargos de Unió se quedarían fuera de todos los puestos relevantes si se aplica una distribución proporcional. Esto significaría que UDC perdería la única diputación que tiene en la actualidad, la de Girona, Hay margen para aclarar las cosas y comunicarlo a las juntas electorales de zona hasta mañana. En el caso de los consejos comarcales, el plazo para informar del reparto definitivo de responsabilidades se alarga hasta la semana que viene.

EL CAPITAL

Con deudas pero sin patrimonio conjunto

Convergència y Unió no se pelearán por el patrimonio porque no tienen ningún inmueble compartido por el que batallar. UDC tiene su sede principal en la calle de Nàpols de Barcelona y Convergència tiene la suya en la calle de Còrsega; aunque solo temporalmente: el partido de Artur ha vendido el edificio a un grupo de inversión asiático, aparte de que otros 15 locales suyos están en una situación de embargo preventivo puesto que constan como aval para hacer frente a la fianza de 3,6 millones impuesta por el juez del 'caso Millet'.

Lo que sí comparten los socios de la federación es una deuda de 12,3 millones. ¿Y cómo la van pagando? En gran medida, con las subvenciones que reciben. El pasado 30 de enero, por ejemplo, el Consejo de Ministros aprobó dotar a CiU con 2,34 millones de euros en proporción a su representación en el Congreso (solo por detrás de PP, PSOE e IU). El año pasado, en proporción a su peso en la Cámara catalana, la federación recibió 5,4 millones. Se supone que a la hora de repartirse lo malo, como con lo bueno, también se hará en proporción a la representatividad.