La dispersión judicial enreda la investigación por el espionaje de los Mossos

La dispersión judicial está enredando y dificultado la investigación por el supuesto espionaje al que fueron sometidas una serie de personas por parte de los Mossos d'Esquadra. Al menos siete juzgados de Barcelona están tramitando la decena de querellas presentadas hasta ahora. Hay otros cuatro afectados dispuestos a recurrir también a los tribunales, aunque están a la espera de que todos los casos, como es previsible, sean tramitados en un único procedimiento y por un mismo juez de instrucción. Estas vigilancias fueron descubiertas cuando la Policía Nacional interceptó el 26 de octubrePolicía Nacional del año pasado a agentes de la policía autonómica que se dirigían a la incineradora de Sant Adrià del Besòs para destruir documentos.

Los procesos judiciales abiertos por esas querellas han seguido caminos diferentes. Algunos jueces se han inhibido a favor de la Audiencia Nacional, que inició la investigación, mientras otros magistrados han ordenado la práctica de diligencias, como requerir a la Policía Nacional documentación requisada a los Mossos. El atestado de la Policía Nacional publicado por EL PERIÓDICO destaca que la Generalitat mantuvo un "servicio ilegal de espionaje" a través de los Mossos. El objetivo eran "partidos políticos, activistas, personajes públicos o privados, entidades, plataformas, todos ellos de marcado pefil unionista o constitucionalista", según este informe.

La Policía concluye que los Mossos controlaban a políticos del PP, Cs, PSC y PDECat

La primera querella por el presunto espionaje la presentó el 15 de diciembre del 2017 el abogado José María Fuster Fabra que, asimismo, ha presentado después otras nueve en nombre de otros afectados supuestamente controlados por los Mossos. Estas demandas se han repartido por, al menos, siete juzgados de Barcelona. Entre los perjudicados que han dado este paso se encuentran dirigentes de sindicatos de la policía autonómica y sus familiares; el expresidente de Societat Civil Catalana Josep Ramón Boch; la Asociación Barcelona con la Selección y el periodista Albert Castillón. Este marzo han presentado también querellas Javier Barraycoa, vicerrector de la Universidad CEU Abad Oliva, la  Asociación Españoles de a pie y la Asociación Somatemps.

La Audiencia Nacional

La maraña judicial en torno a este asunto no se ciñe a Barcelona. Y es que la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que inició las pesquisas y ordenó la incautación de los documentos que se pretendían destruir, se inhibió del caso y remitió hace unos días el atestado policial sobre los documentos a la Fiscalía Superior de Catalunya que, a su vez, lo envió a la Fiscalía de Barcelona para que lo analizara. La primera decisión de la fiscalía ha sido solicitar a la Audiencia Nacional unas aclaraciones y concretar dónde han ido a parar las querellas presentadas.

La semana pasada, el abogado Fuster Fabra presentó un escrito ante la fiscalía en el que detalla las 10 querellas que él ha interpuesto en nombre propio y de otras personas, así como su estado y la decisión que han tomado cada uno de los juzgados. Sin embargo, no se descarta que otros afectados hayan seguido este camino con otro letrado. La fiscalía está recopilando información de las querellas para tomar una decisión.