La España que viene

Todo parece haber cambiado, pero todo sigue igual. España se ha despertado este lunes con un mapa político ignoto, un nuevo eje de coordenadas sobre el que, sin embargo, van a impactar cuatro grandes desafíos que nada tienen de novedosos. Cuatro retos que comienzan por la misma letra, la 'c'. Monocolor o de coalición, sólido o frágil como la porcelana, el futuro Gobierno tendrá que afrontar la lenta salida de la crisis, el enjuiciamiento de los principales escándalos de corrupción, el enquistado proceso independentista en Catalunya y la clamada reforma de la Constitución de 1978.

CRISIS

Aferrado a los indicadores macroeconómicos, el Ejecutivo saliente ha exprimido hasta la saciedad datos como que las subastas de deuda permiten ya financiarse a bajo coste, y que las agencias de calificación han mejorado la nota de España. Pero la realidad terrenal es que una de cada cinco personas (y uno de cada tres niños) viven aún en riesgo de pobreza y la exclusión y la desigualdad siguen creciendo, hasta el punto de que España es el segundo país europeo más desigual. El dato de noviembre situaba el paro en 4.149.298 personas, 271.164 desempleados menos que cuatro años antes, pero también 25.444 afiliados menos a la Seguridad Social (la variable que indica la creación de empleo). La enmienda o derogación de la contestada reforma laboral formará parte a buen seguro de las negociaciones para la investidura.

En este contexto, el nuevo Gabinete tendrá un envite inminente. La semana que viene, el 1 de enero, entrarán en vigor unos presupuestos del 2016 que el PP aprobó a sabiendas de que no verían la luz. La Comisión Europea los impugnó por considerar que no permitirían a España cumplir el objetivo de déficit del 2,8% del PIB, y exigió un recorte adicional de 7.000 millones de euros. Obedecer o no este mandato estará también sobre la mesa en la que negociarán el candidato a presidente y sus potenciales socios.

CORRUPCIÓN

La segunda preocupación de los españoles tras el paro seguirá arrojando titulares en la nueva legislatura. Los escándalos más sonados de los últimos cuatro años, como los que llevan los apellidos de Bárcenas, Rato o Pujol, proseguirán su instrucción y, en teoría, deberían llegar a juicio. El más sonado de todos, por afectar a la propia Monarquía, será el primero en volver a la primera plana. El proceso contra la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin comienza a mediados de enero. Acechado por esta lacra, el PP ha aprobado prácticamente en solitario reformas de la Administración y de la ley de partidos y de altos cargos para combatirla, pero los partidos que pueden condicionar la gobernabilidad a partir de ahora han exigido medidas más contundentes.

CATALUNYA

La carpeta catalana convulsionará de lleno las negociaciones poselectorales. El proceso independentista lleva estancado desde que Artur Mas no logró ser investido en las dos primeras votaciones, pero el próximo domingo empezaremos a saber si la CUP le perdona o aboca a Catalunya a unas nuevas elecciones en marzo. Si se sale con la suya y reedita el cargo, el líder de CDC tiene el mandato de iniciar la "desconexión" de España desobedeciendo a todos los resortes del Estado. El reto del futuro inquilino de la Moncloa será mantener la puerta cerrada al diálogo con la ley como muro infranqueable o, por el contrario, intentar reconducir la situación con mano izquierda, aunque es de sobra conocido que ni PP, ni PSOE, ni Ciudadanos están dispuestos a transigir con un referéndum. La reforma del modelo de financiación, prometida para el año 2016, podría ser un primer gesto.

CONSTITUCIÓN

Aunque el PP se ha negado sistemáticamente a abrir este melón en los últimos cuatro años, la situación de fragilidad que le espera a partir de ahora podría obligarle a hacerlo a regañadientes. Los socialistas y Podemos con claridad y Ciudadanos con más matices reclaman una reforma constitucional que, más allá del tira y afloja territorial, quieren aprovechar para blindar derechos sociales -lo que pondría en entredicho leyes muy contestadas esta última legislatura, como la de educación y la de seguridad ciudadana- y dar brillo a la tan cacareada regeneración democrática.