Numerosas declaraciones de alto el fuego en 30 años

ETA se fundó en 1959 pero hasta 1981, cinco días después del intento de golpe de Estado del teniente coronel Antonio Tejero, no anunció su primer parón en su actividad violenta.

ETA político militar anunció un alto el fuego concondiciones el 28 de febrero de 1981, acompañado de la liberación de los consules de Austria, Uruguay y El Salvador, que mantenía secuestrados.

La decisión de los terroristas se produjo como consecuencia de las conversaciones que habían abierto a finales del verano de 1980 el ministro del Interior, Juan José Rosón, y los miembros de Euskadiko Ezkerra Mario Onaindía y Juan María Bandrés con el objetivo de abrir vías de integración social para los miembros de ETA que abandonaran las armas.

El 28 de mayo de 1981, ETApm anunció la paralización de toda actividad armada. El 22 de febrero de 1982 un sector de ETA pm, autodenominado VIII Asamblea, se escinció y decidió romper la tregua en desacuerdo con el sistema acordado para la reinserción de los terroristas.

Sin embargo, las negociaciones continuaron y el 30 de septiembre de 1982 ETApm VII Asamblea hizo pública su autodisolución en una rueda de prensa. En los tres años siguientes144 militantes de esta organización retornaron del exilio o salieron de la cárcel.

Conversaciones de Argel

El 29 de enero de 1988 ETA ofreció en un comunicado un alto el fuego que supondría el cese de asesinatos durante 60 días a cambio del inicio de conversaciones en las que el Gobierno argelino sería el mediador, las llamadas conversaciones de Argel.

El 20 de febrero, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Julen Elgorriaga, viajó a Argel y exigió al ideólogo de ETA Eugenio Etxebeste, Antxon, una tregua indefinida. La reunión concluyó sin aproximaciones y cuatro días después ETA secuestró al empresario Emiliano Revilla, lo que acabó con el diálogo hasta octubre siguiente.

El 2 de noviembre la banda terrorista apuntó de nuevo en un comunicado la posibilidad de un alto el fuego, no superior a 60 días, condicionada a que el Gobierno negociara en Argel, pero no llegó a ser efectiva. Finalmente, el 8 de enero de 1989 ETA anunció una tregua de quince días como "prueba de buena voluntad". Seis días después se reunieron en la capital argelina Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad, y Juan Miguel Eguiagaray, Delegado del Gobierno en Murcia, con Eugenio Etxebeste, Ignacio Aracama y Belén González.

Constitución

El 22 de enero de 1989 ETA prorrogó su alto el fuego hasta el 26 de marzo siguiente con el fin de continuar las conversaciones. El 25 de enero se produjo la primera reunión dedicada a discutir sobre la transición y la elaboración de la Constitución, que fue seguida por otros cinco encuentros en febrero y marzo.

El 18 de marzo una multitudinaria manifestación para reivindicar la paz y el fin de la violencia, convocada por el lehendakari, José Antonio Ardanza, y los firmantes del Pacto de Ajuria Enea, fue acogida por los representantes de ETA con irritación al considerarla una interferencia en el proceso. El Gobierno solicitó una tregua indefinida o, al menos, de tres meses, mientras que los representantes de ETA reclamaron la presencia en la mesa de José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera; Isidro Garalde y Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, los tres encarcelados en Francia, y la constitución de una mesa paralela entre HB y PSOE, lo que fue rechazado por el secretario de Estado.

El 27 de marzo ETA aseguró en un comunicado que había acuerdo sobre ocho puntos: mantener conversaciones políticas, que se celebrarían en Argelia (este país sería observador y mediador), calendario de trabajo sobre los asuntos ya tratados, reforzar las delegaciones (en el plazo de un mes), mesa complementaria formada por PSOE y HB, publicidad de las conversaciones, renovar la tregua hasta el 24 de junio y hacer público el resultado del encuentro.

Fracaso en Argel

Al día siguiente, tras reunirse con representantes de los partidos políticos, el Gobierno difundió un comunicado en el que consideró positivas las "conversaciones políticas" con ETA y mostró su intención de continuarlas.  Además, el Ejecutivo señaló que no consideraba "conveniente inciar una dinámica de desmentidos a manifestaciones que no le son propias", lo que fue interpretado como un desmentido indirecto al supuesto carácter conjunto del comunicado difundido por ETA el día antes.

Todas las fuerzas políticas habían rechazado la constitución de la mesa paralela HB-PSOE y el Gobierno había explicado a sus representantes que ese punto nunca había sido aceptado.  La respuesta de ETA fue inmediata y exigió al Gobierno que cambiara, en un plazo de 24 horas, su comunicado por el que, según los terroristas, se había pactado. Posteriormente ETA amplió a 72 horas su ultimátum al Ejecutivo, que se ratificó en su declaración del 28 de marzo y rechazó cualquier rectificación.

El 3 de abril Rafael Vera viajó a Argel con el objetivo de que las autoridades argelinas mediaran para que ETA modificara su postura, pero al día siguiente la banda declaró abiertos "todos los frentes", cuatro días después perpetró un atentado y el 10 de abril de 1989 el Gobierno dio por rotas las conversaciones.

Ofertas de tregua desestimadas

En un comunicado publicado el 8 de diciembre de 1991 ETA se mostraba dispuesta a una tregua de dos meses "si el Gobierno español da ciertas garantías", y asegura que "llegó a apalabrarse un punto de distensión de dos meses por mutuo acuerdo".  El Gobierno señaló que la única posibilidad para hablar con ETA es que "abandone las armas y deje de matar".

El 10 de julio de 1992, meses después de la caída de la dirección de ETA en Bidart, ETA ofreció una tregua de dos meses condicionándola a la apertura de contactos, pero no llegó a ser efectiva (el 17 de agosto los terroristas asesinaron a dos guardias civiles). El Gobierno se negó a valorar el comunicado de ETA y se limitó a exigir a la banda que dejara las armas.

El 23 de junio de 1996, poco después de la llegada al Gobierno del Partido Popular, ETA anunció en un comunicado la suspensión de sus acciones terroristas durante una semana, aunque mantenía secuestrado al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Los firmantes del Pacto de Ajuria Enea se comprometieron a iniciar el diálogo con ETA si liberaba a Ortega, si suspendía de forma completa y prolongada sus acciones armadas y aceptaba la pluralidad de opciones políticas en Euskadi. Sin embargo, la tregua ofrecida por la banda terrorista tenía como fin provocar discrepancias entre los partidos del bloque democrático, según documentos de ETA divulgados por la cadena SER, tomar la iniciativa y estudiar la reacción de las organizaciones de su entorno ante una situación como ésa.

Tregua "indefinida" tras Lizarra

El 20 de noviembre de 1997, ETA anunció en un comunicado publicado por el diario Egin, la "suspensión total" de todas las actividades en lo que denomina "frente de las cárceles". Esta tregua parcial fue acogida favorablemente por el PNV e IU, mientras que el Gobierno y el PSOE la interpretaron como un intento de dividir a los demócratas.

El 16 de septiembre de 1998 la organización terrorista anunció, por primera vez en su historia, un alto el fuego total, "unilateral" e "indefinido", aunque señaló que la continuidad de esta tregua "la marcarán los acontecimientos y pasos que desde este momento se den" Cuatro días antes, los partidos nacionalistas vascos (PNV, EA, EH (antes HB), IU y 19 organizaciones sociales y sindicales vascas habían firmado la Declaración de Lizarra, en la que se comprometían a emprender juntos el camino de la lucha, con métodos pacíficos, por la "construcción nacional de Euskadi en las instituciones democráticas".

El PP la tachó de "tregua-trampa" y el presidente del Ejecutivo, José María Aznar, y los dirigentes del PSOE exigieron a ETA pruebas inequívocas de la voluntad de cumplir su anuncio, que fueran más allá de una simple declaración. Hubo un encuentro en Suiza, que culminó con el acercamiento de más de un centenar de reclusos a prisiones del País Vasco.

Final del diálogo

El 26 de agosto de 1999 ETA señaló en un comunicado que el diálogo de paz se hallaba bloqueado y la comunicación con el Gobierno, rota ante "la falta de discreción del Ejecutivo y el uso electoral que hizo del contacto mantenido". Dos días después, la banda culpaba a un sector del PNV de la "indefinición" en que se hallaba el proceso. En los tres meses posteriores el Gobierno y la organización terrorista intercambiaron cartas pero no volvieron a entablar diálogo.

El 28 de noviembre ETA anunció que el 3 de diciembre finalizaba la tregua que había mantenido durante más de 14 meses, y el 21 de enero del 2000 hizo estallar un coche-bomba en Madrid que acabó con la vida del militar Pedro Antonio Blanco.

Tregua en Catalunya

El 18 de febrero de 2004 ETA anunció la suspensión de todas sus "acciones armadas" en Catalunya, desde el 1 de enero, por el "empuje de las fuerzas independentistas" y la "concienciación sobre el derecho a la autodeterminación" en los últimos años en Catalunya. El anuncio se produjo tras una entrevista del entonces conseller en cap de la Generalitat  y líder de ERC Josep Lluís Carod-Rovira, con dirigentes de ETA en Francia.

El 18 de junio de 2005 ETA anunció a través de un comunicado, el cese de sus acciones "armadas" contra "los electos de los partidos políticos de España" pero volvía a excluir a las autoridades del Estado y a las personas con responsabilidad en el Gobierno.

El 22 de marzo de 2006, después de casi tres años sin víctimas mortales aunque con episodios esporádicos de terrorismo, ETA anunció un "alto el fuego permanente" que se hizo efectivo el 24 de marzo por su decisión en el deseo de "impulsar un proceso democrático en Euskal Herria" y construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos del pueblo vasco.

Hasta el atentado de la T-4

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a pedir autorización al Parlamento tras contrastar la voluntad de la organización terrorista de abandonar definitivamente la lucha armada. El atentado de la T-4 de Madrid-Barajas, en que murieron dos personas, puso fin al proceso. 

El 5 de septiembre de 2010 ETA anunció su decisión de "no llevar a cabo acciones armadas ofensivas" en un comunicado publicado en Gara y un vídeo enviado a la cadena de televisión británica BBC, en el que la banda señalaba que "si el Gobierno de España tiene voluntad", está dispuesta a acordar "los mínimos democráticos necesarios para emprender el proceso democrático".

El anuncio de los terroristas se produjo dos días después de que la izquierda abertzale solicitase a ETA el cese permanente y verificable de la violencia.

Alto el fuego "verificable"

El 10 de enero de 2011 ETA declaró un alto el fuego permanente, de "carácter general" y "verificable internacionalmente", como "compromiso firme" con "un proceso de solución definitivo y con el final de la confrontación armada".

La organización terrorista afirmó que "coincide" con las declaraciones de Bruselas, formulada por un grupo de mediadores internacionales, y de Gernika, suscrita por EA, la izquierda abertzale y Aralar y precisó que el "proceso democrático" para el final de la violencia debe resolver el "núcleo del conflicto", que sitúa en "la territorialidad y el derecho de autodeterminación.