Rigau se aferra al mandato del Parlament para justificar el 9-N

Solo una hora, mucho menos de lo previsto, ha durado la declaración judicial de la 'consellera' de Ensenyament, Irene RigauIrene Rigau, que se ha negado a responder a las preguntas de las fiscalía y de las acusaciones particulares y se ha limitado a contestar al juez y a su abogado, cosa que también está previsto que hagan Artur Mas y Joana Ortega. Según fuentes judiciales, Rigau ha remarcado ante el juez que el 9-N "cumplía un mandato del Parlament" y que su departamento no dio "instrucciones" a los directores de instituto para que se implicasen en la consulta, sino que solo "se les informó" de que sus centros podrían ser utilizados para la votación. "No desobedecí a ninguna autoridad", ha afirmado en una breve comparecencia de prensa nada más terminar su declaración.

"No entiendo por qué estoy acusada de unos delitos tan graves cuando solo cumplía el mandato del Parlament de dar la voz al pueblo", ha asegurado Rigau en su primera intervención ante el magistrado. Durante el interrogatorio, según las citadas fuentes, la 'consellera' ha dejado claro que el Govern "paró maquinas" cuando el Tribunal Constitucional (TC) prohibió la celebración de la consulta, y que a partir de ese momento se impulsó un "proceso participativo" regido siempre por voluntarios. También ha recordado, como muestra de que no existió voluntad de desobedecer, que la Generalitat reclamó al TC que le aclarase el alcance de la sentencia, pese a lo cual su departamento no recibió notificación alguna al respecto.

En varias ocasiones ha subrayado Rigau ante el juez que la votación fue organizada y regulada por voluntarios, entre los que se encontraba ella misma a título personal, y que la Generalitat se limitó a informar del proceso mediante una página web, en cumplimiento de las competencias que le otorga el Estatut para organizar "procesos participativos". Incluso ha recordado que representantes del Gobierno central se mofaron de la votación. Sobre las reuniones con los directores de instituto, la 'consellera' ha explicado que tuvieron lugar los días 16 y 20 de octubre del 2014 porque los propios directores reclamaban información sobre el proceso, pero ha rechazado que se les diesen "instrucciones".

Como ejemplo de que no se obligó a ningún centro a abrir las puertas, Rigau ha explicado al juez que la directora de un colegio de L'Hospitalet se negó a ceder su espacio para la votación del 9-N, y que en ningún momento la Generalitat le forzó a hacerlo pese a tratarse de un centro de titularidad pública. Ha reconocido que el departamento contactó telefónicamente con ella para preguntarle si iba a entregar las llaves y que, al negarse a hacerlo, se optó por colocar las urnas en otro colegio cercano. La defensa de la 'consellera' ya ha avanzado que tiene previsto solicitar la próxima semana el archivo de la causa.

Rigau ha justificado su negativa a responder a la fiscalía por su "cambio de criterio" respecto de la imputación de los tres miembros del Govern, Artur Mas, Joana Ortega y ella misma, por los delitos de desobediencia, malversación de fondos, usurpación de funciones y prevaricación. "He dejado claro al juez que comparecía con la conciencia muy tranquila porque no he cometido ningún delito. En una sociedad democrática hay que conocer la opinión de la ciudadanía y yo cumplía un mandato del Parlament", ha asegurado.

Respecto a la acusación a su 'conselleria' de haber dado instrucciones a los directores de instituto cara al proceso participativo del 9-N, Rigau ha asegurado que solo se les comunicó que sus centros podrían ser usados como puntos de votación para un proceso que estaba regido única y exclusivamente por voluntarios. "Ni yo ni ningún miembro del Govern hemos cometido delito alguno", ha insistido Rigau, que a su salida del Palau de Justícia de Barcelona ha vuelto a recibir los aplausos del medio millar de manifestantes que se concentraban frente a la sede judicial.