El juez sospecha que la Infanta es "cooperadora necesaria" de los delitos de su marido

Lainfanta Cristinapodría ser acusada decooperación necesariao, cuando menos, decomplicidad, en los comportamientos supuestamente ilícitos deIñaki Urdangarin yDiego Torres en el entramadoNóos, según apunta el magistrado José Castroen su auto deimputacióndictado este miércoles al mediodía. La hija del Rey declarará ante el juez el próximo 27 de abril a las 10.00 horas para explicar "su intervención" en el Instituto Nóos y en la mercantilAizóon, que comparte con su marido, así como "el manejo y destino de los fondos derivados de las mismas y las cuestiones que razonablemente se desprendan".

El juez Castro, en un auto de 18 páginas, admite que "si bien no existen evidentes indicios racionales de que la infanta Cristina interviniera activa y decididamente en la gestión cotidiana del Instituto Nóos", sí existen de que "prestara suconsentimiento[¿] para propiciar un trato generoso por parte de empresas privadas y tan pródigo como privilegiado de las Administraciones Públicas que, en atención de ello, prescindían de los cauces y controles administrativos de rigor, disfrutando junto a su marido de losbeneficiosobtenidos".

"Respaldo" de la Casa del Rey

En este sentido, el magistrado considera que tanto la hija del Rey como el secretario de las infantas,Carlos García Revenga, ocupaban los puestos de vocal y tesorero en Nóos a modo de "utilitarista figuración". La pretensión de ambas incorporaciones era "aparentar ante empresas privadas e instituciones públicas que todas las operaciones que el Instituto Nóos abordaba eran conocidas y gozaban del respaldo de la Casa de SM elRey". A su juicio, "no es fácilmente entendible" que se sumaran al proyecto "por transparencia", como alegó Urdangarin en su declaración.

Aunque en una anterior solicitud de imputación de la hija del Rey por parte de la acusación popular, ejercida porManos Limpias, el juez se opuso, ahora ha cambiado su criterio de oficio por apreciar que existen nuevas aportaciones documentales y testimonios, como el del propio García Revenga, de los que "surgen una serie de indicios que hacen dudar que la infanta Cristina desconociera la aplicación que su esposo diera a su mención como vocal del Instituto Nóos y a su participación en la mercantil Aizoon". No citarla a estas alturas de la causa, implicaría para el juez, "un cierre en falso en descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos".

Comentarios con el Rey

"No se acaba de entender que SM El Rey no comentara con su hija las críticas o recomendaciones que había hecho llegar o proyectaba hacer a su marido e incluso consensuara con ella su alcance y el compromiso, expreso o tácito, de que de alguna manera velara por su cumplimiento", comenta el juez Castro sobre el nivel de conocimiento de la infanta acerca de los manejos de su esposo.

Para el juez, también "cobran mayor significado supuestas actitudes" de Cristina, como la de contratar como empleados del hogar a personas en situación irregular en España, según el relato de algunso testigos que finalmente estuvieron en nómina de Aizoon.

Actuación "a espaldas" de su esposa poco creíble

En opinión de Castro, tampoco resulta creíble que "Urdangarin actuara de espaldas a su esposa" cuando utilizó Marivent para negociar el Forum Illes Balears y, tal vez la Zarzuela --un "dato ni confirmado ni desvirtuado" por ahora-- para fraguar el Valencia Summit. A la misma conclusión llega al referirse a la cuenta compartida por el matrimonio que Urdangarin facilita a la amiga del Rey,Corina Wittgenstein, para determinadas operaciones.

El magistrado fundamenta su decisión en el contenido de actas de Nóos y de correos enviados por Urdangarin para consultar a su esposa determinadas actuaciones o para ponerle al corriente de diversos asuntos. Estas misivas han sido aportadas en seis tandas por el exsocio de Urdangarin,Diego Torres, y el magistrado los mantiene en la causa, en contra del criterio de la defensa de Urdangarin que pretende apartarlos.

Contra el auto del juez cabe recurso de reforma en el plazo de tres días y recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Palma. Tantola Fiscalía Anticorrupción, que ya ha recurrido la resoluciónFiscalía Anticorrupción, como laAbogacíade la comunidad autónoma balear se han opuesto a la imputación de la infanta.