El Consejo de Estado se reúne para elaborar el dictamen sobre el inicio de independencia

GEMMA ROBLES / MADRID

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El Consejo de Estado se reúne esta mañana para abordar la elaboración de un dictamen, a petición del <strong>Gobierno</strong>, en el que se ha de estudiar la viabilidad de recurso ante el Tribunal Constitucional ante la declaración de inicio del proceso hacia la independencia aprobada ayer por el Parlamento de Catalunya. La petición gubernamental fue rubricada ayer por el presidente, Mariano Rajoy, y entregada en la institución consultiva por el secretario de Estado de Relaciones con las CortesJosé Luis Ayllón, y el subsecretario de Presidencia del Gobierno, Federico Ramos de Armas.

El expediente que tienen ya sobre la mesa los miembros de la Comisión Permanente del Consejo -órgano encargado de la tarea, después de una revisión previa de la sección primera que preside Landelino Lavilla- contiene la declaración íntegra aprobada por la Cámara catalana. Según fuentes gubernamentales, la previsión es que el encargo que ha llegado desde La Moncloa esté realizado a última hora de esta mañana, cuando el dictamen sería entregado al Gobierno.

Si se cumple el horario, el informe ya definitivo del Consejo de Estado podría ser abordado esta misma tarde en la reunión de secretarios de Estado y subsecretarios que ha convocado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, a fin de preparar el consejo de ministros extraordinarios que se celebrará mañana bajo la presidencia de Rajoy. Será allí donde se analice y apruebe el texto del recurso de inconstitucionalidad que se llevará al TC para frenar la resolución secesionista, el mismo miércoles.

Así, desde el Ejecutivo central se espera que el Alto Tribunal decrete la admisión a trámite y, por tanto, acepte la suspensión inmediata de la declaración como le solicitará el Gobierno en su recurso. Ayer, fue Rajoy quien en su declaración institucional, realizada en el ayuntamiento de Béjar (Salamanca) avisó que se disponía a reclamar al Constitucional que una vez tome su decisión le sea comunicada, incluyendo las consecuencias de un posible incumplimiento, a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.