Plagio en el Parlament

Poco cabía esperar de una comisión del Parlament tarada de nacimiento.

En el dictamen de la comisión de investigación sobre fraude fiscal y corrupción política (más conocida como 'comisión Pujol') que aprobó la Cámara en julio del 2015 se estableció la necesidad de continuar con los trabajos en la presente legislatura, pero en lugar de mantenerlos bajo el mismo rango quedaron relegados a una mera comisión de estudio, no legislativa. Es decir, aunque el Pleno aprobará este miércoles sus conclusiones, ni siquiera hubiera hecho falta porque no había obligación.

Tampoco es que vayan a saltar chispas en el hemiciclo (al menos por el contenido del texto).

Lo dijo el presidente de la comisión de estudio "de medidas contra la corrupción y para la regeneración democrática", Benet Salellas. Uno de los objetivos era "reducir el espectáculo" que había acompañado a la comisión anterior. Y se ha conseguido, porque esta ha pasado sin pena ni gloria por el Parlament, sin indagar en los nuevos escándalos que han aparecido y sin aportar grandes novedades en cuanto a las conclusiones. Es más: gran parte de los 243 puntos aprobados por este grupo son una copia de lo que ya se comprometió a hacer la Cámara hace casi dos años.

Los parlamentarios suspenden así por partida doble.

Al César lo que es del César, en el haber del Parlament hay que anotar que el año pasado aprobó un código de conducta de los diputados que dificulta los tejemanejes. Como se reclamó en la 'comisión Pujol', también se ha creado un registro de lobis y se obliga a hacer públicas las agendas de reuniones. La transparencia ha aumentado como la ha incrementado el Govern de la Generalitat, entre otras acciones, con un portal web, pero las muchas conclusiones plagiadas evidencian que hay decenas de compromisos que adquirió la Cámara en julio del 2015 que no se han aplicado. Y demuestran que el Observatori Ciutadà contra la Corrupció lleva razón cuando aplaude "la ilusión y la energia" de algunos miembros de la comisión de estudio pero critica que otros "no le han dado importancia ni han dedicado el esfuerzo que exige la tarea".

La Generalitat debe comparecer como acusación particular en los procesos sobre corrupción en que indiciariamente se hayan visto afectados recursos públicos.

Si no la tumba el Pleno, esta es una de las novedades del informe. También se hace mayor hincapié en la necesidad de proteger a los denunciantes de un presunto escándalo y en reforzar las incompatibilidades para evitar "puertas giratorias"; se aboga por "establecer limitaciones de consanguinidad" en los nombramientos de libre designación "hasta el cuarto grado"; se insta a garantizar que las acciones parlamentarias contra la corrupción tengan "la cobertura mediática adecuada", se llama a mejorar los controles en la Oficina Antifrau (el 'Fernándezgate' todavía escuece)  y se reclama que se apruebe una ley electoral catalana (después de más de tres décadas y mil debates) para mejorar y reducir el control de gastos.

El problema viene de origen.

Porque algunos puntos --como reforzar los controles en la contratación pública-- aumentan y corrigen reclamaciones de la 'comisión Pujol', pero les va a la contra que las primeras se han incumplido. Como en aquella, hay generalidades y poéticos brindis al sol que firmaría Paulo Coelho ("son necesarios espacios libres de paraísos fiscales", "hace falta más transparencia contra el fraude"...) y también muchos deberes pendientes. Aumentar el plazo de preescripción de los delitos por corrupción; suprimir los indultos en este ámbito; incrementar el control de las cuentas de los partidos; reformar la ley de contratos del sector público; elaborar informes oficiales sobre el fraude fiscal; restringir o eliminar los aforamientos; no poner a corruptos en las listas electorales; educar en las escuelas contra la corrupción; prohibir las condonaciones bancarias a los partidos... A todas estas medidas se comprometió el Parlament hace dos años y volverá a hacerlo este miércoles como un repetidor de curso que, encima, copia el examen.