COLETAZOS DEL 12 DE OCTUBRE
Los concejales de Badalona van a declarar al juzgado arropados por un centenar de vecinos y cargos políticos
La alcaldesa, Dolors Sabater, reclama respeto a la soberanía municipal
Los seis concejales de Badalona que decidieron abrir el consistorio el pasado 12 de octubre a pesar de la prohibición del juez han acudido este martes a declarar al juzgado para declarar como investigados por un presunto delito de desobediencia y lo han hecho arropados por un centenar de vecinos y una decena de cargos políticos, encabezados por la alcaldesa de la población, Dolors Sabater. Los dos ediles que han declarado este martes, Oriol Lladó (ERC) y José Téllez (CUP), han alegado ante el juez que actuaron legítimamente para defender la soberanía local.
Además de Sabater, integraban la comitiva la secretaria general de ERC y portavoz de Junts pel Sí en el Parlament, Marta Rovira; los diputados de la CUP Gabriela Serra, Albert Botran y Mireia Boya, o el presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, que han sido recibidos con cánticos de 'ni un paso atrás', 'fuera la justicia española' e 'independencia' por las personas congregadas frente al juzgado.
En declaraciones a los medios a las puertas de la sede judicial, Sabater ha reclamado respeto a la "soberanía municipal" de los ayuntamientos para tomar sus propias decisiones, como la de abrir durante el Día de la Hispanidad. Sabater ha aprovechado su intervención para cargar contra su antecesor en el consistorio y actual líder del PPC en el Parlament, Xavier García Albiol, a quien ha acusado de "atacar la democracia" y utilizar a la ciudad para hacer carrera y proyectarse en el Estado.
CUATRO MÁS ESTE MIÉRCOLES
"¡Basta ya, señor Albiol! Que nos deje trabajar, que los municipios tenemos muchísimo trabajo y queremos que el Estado se deje de injerencias y de limitar el municipalismo", ha añadido.
Este miércoles será el turno de los otros cuatro concejales, Agnès Rotger, Eulàlia Sabater, Fàtima Taleb y Francesc Duran. El juez abrió diligencias, tras la denuncia del PP, para investigar si los regidores incurrieron en un delito de desobediencia de la orden del juez de lo contencioso-administrativo que, a instancias de la Delegación del Gobierno, les prohibió abrir el 12-O.
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