LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN

Las acusaciones de Gürtel' tratan de forzar que Rajoy testifique

Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama Gürtel, llega a la Audiencia Nacional.

Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama Gürtel, llega a la Audiencia Nacional. / periodico

ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID

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Las acusaciones que ejercen la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) y los socialistas madrileños aprovecharon las cuestiones previas del juicio principal del 'caso Gürtel' para volver a solicitar la citación como testigo del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. "No en función de lo que hoy es, sino de lo que fue", precisó el abogado José Mariano Benítez de Lugo, en nombre de Adade.

Una vez que las fiscalas del caso solicitaron la inclusión de nuevas pruebas y un cambio en el orden de las declaraciones --para empezar con los acusados más dispuestos a asumir los hechos de los que les acusan--, Adade tomó la palabra para pedir el testimonio de Rajoy, porque fue vicesecretario y secretario general del PP. El letrado admitió que la citación del presidente del Ejecutivo ya había sido rechazada, pero recordó que el tribunal dejó la puerta abierta a que se volviera a solicitar en cuestiones previas.

Además, con posterioridad a esa primera petición que fue denegada, la Sala cambió de criterio y aceptó, a petición del extesorero del PP Luis Bárcenas, la declaración de los exsecretarios generales o exdirigentes del partido Jaime Mayor OrejaFrancisco Álvarez-CascosÁngel AcebesJavier Arenas o Rodrigo Rato.

Según esta acusación, el testimonio de Rajoy es fundamental para aclarar si, como afirma la Fiscalía, Bárcenas se apropió de fondos del partido y los depositó en Suiza. "Es una situación kafkiana", aseguró el letrado, y Rajoy "debería declarar sobre esa situación de apoderamiento". A esta petición se adhirió la acusación que ejercen los socialistas madrileños, aunque no lo hizo la de los valencianos.

LA SORPRESA

El que sorprendió a todos, al renunciar a plantear cuestión alguna, fue el principal acusado, Francisco Correa, que se enfrenta a 125 años y un mes de cárcel. Tampoco lo hizo su exmujer Carmen Rodríguez Quijano, para quien se piden 35 años y siete meses. Al comenzar el juicio, 'Don Vito' formalizó el cambio del abogado de oficio que le ha asistido durante los dos últimos años por Juan Carlos Navarro, que ya le representó en la vista de la pieza de Fitur que se celebró en València.  

Entre las defensas se extendió el temor de que Correa hubiera llegado a algún acuerdo con la Fiscalía, algo negado por fuentes próximas al acusado que enmarcaron su actitud en la línea mantenida en los últimos días al solicitar el desbloqueo en Suiza de 2,2 millones de euros para hacer frente a la responsabilidad civil que se le reclama por la primera época de 'Gürtel' (1999-2005), en un intento de que le sean aplicadas las atenuantes de reparación del daño o de arrepentimiento. Uno de los receptores de ese dinero, la Comunidad de Madrid, que le exige 4.915.742 euros, renunciará ahora a ese dinero para que no se le aplique ningún beneficio, informa Patricia Martín.

ESCUCHAS ILEGALES

El que sí planteó todas las cuestiones previas posibles fue su número dos, Pablo Crespo (85 años y medio de cárcel). Su abogado, Miguel Durán, fue el primero que pidió la nulidad de las grabaciones que realizó a Correa el arrepentido de 'Gürtel', José Luis Peñas (seis años y cinco meses). También solicitó que se descarten las escuchas por las que el primer instructor del caso, Baltasar Garzón, fue apartado de la carrera judicial y las pruebas derivadas de ellas.  

El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, le impidió protestar por el rechazo de la recusación que planteó con "afán dilatorio" contra el magistrado José Ricardo de Prada y le cortó con un "por ahí no continuamos" cuando pidió a la Sala que no se dejara influir por las informaciones periodísticas publicadas durante los siete años y medio que ha durado la instrucción del caso. 

Los demás abogados se adhirieron a las cuestiones planteadas por los que le precedieron, como la relativa a la falta de autorización de la justicia suiza para que la española use los datos que facilitó sobre cuentas de los acusados, esgrimida por Bárcenas. Sorprendentemente, ninguna pidió anular el 'pendrive' con la contabilidad de la trama.