CiU y ERC acuerdan crear nueve impuestos y un "banco público" catalán

Negro sobre blanco, CiU y ERC han pactado la creación de nueve impuestos con los que estiman que la Generalitat podrá recaudar unos 1.000 millones de euros. Se trata de nuevas vías de ingresos o, en algunos casos, la recuperación de algunos tributos eliminados por CiU, como el sucesiones y donaciones y el de transmisiones patrimoniales. En paralelo, el acuerdo de gobernabilidad establece la transformación por ley del Institut Català de Finances en "el banco público de Catalunya", una exigencia que figuraba en el programa electoral de los republicanos y que los nacionalistas también han aceptado.

Impuestos medioambientales

En el texto firmado este miércoles por Artur Mas y Oriol Junqueras, se establece la creación, por ejemplo, de un impuesto que grave la emisión de gases contaminantes (con en el caso de los aviones), otro sobre la producción de residuos nucleares que afectaría fundamentalmente a las centrales, otro sobre las bebidas de refresco "con exceso de azúcar" pensado especialmente para las grandes distribuidoras de bebidas. Como ya había trascendido, los nuevos socios han aceptado "estudiar la aplicación" de un nuevo gravamen sobre los pisos desocupados, a fin de incentivar su alquiler.

Finalmente, ERC ha conseguido arrancar a CiU otra de sus exigencias electorales: la implantación de la llamada Euroviñeta, un impuesto introducido en muchos países europeos que grava a los vehículos pesados que atraviesan un país por las vías de gran capacidad.

En paralelo, nacionalistas y republicanos se comprometen a defender el impuesto sobre depósitos bancarios que el Govern creó este martes y aplicar el tributo sobre grandes superficies comerciales fijado ya por ley. Además, CiU ha aceptado modificar el impuesto de sucesiones para elevar su capacidad recaudatoria, después de haberlo suprimido la pasada legislatura.

Medidas sociales

Aunque el documento no concreta demasiado, CiU y ERC se comprometen a evaluar la suavización del euro por receta y el aumento de las tasas judiciales y universitarias, medidas introducidas por Mas la pasada legislatura. En ambos casos, el objetivo sería introducir nuevos límites y exenciones que reduzcan su impacto sobre las clases más desfavorecidas.