EL PULSO INDEPENDENTISTA
El censo del 1-O diferirá del que se usaría en unas elecciones 'normales'
Sigue el misterio acerca de la piedra sobre la que se edifica cualquier cita con las urnas: el censo. El Govern mantiene una, aparentemente, nula preocupación, e incluso suficiencia, cuando se le pregunta sobre el listado y repite que hay censo para el referéndum. Eso sí, fuentes del Ejecutivo han señalado que este listado, si bien válido, será diferente del que usaría el Estado en caso de una contienda electoral al uso, es decir, unas elecciones bien sean locales o autonómicas, generales o europeas, que se celebraran ese mismo día. Con todo, insisten aquellos que manejan el timón, se trata de pequeñas diferencias.
La ley del referéndum que el martes se presentará en el Parlament persigue que el 1 de octubre sea, a ojos de los ciudadanos, una contienda más y el articulado de la iniciativa legislativa se orienta en ese sentido. Así, por ejemplo, se han previsto 8.500 mesas electorales, es decir, las mismas que en unos comicios al uso.
Hay, sin embargo, un punto donde se acepta que no será igual, y es que al ser una consulta unilateral no se podrá contar con la Junta Electoral Central, por lo que hay que crear la sindicatura electoral catalana. De hecho, el grueso de la ley del referéndum corresponde, precisamente, al desarrollo de esta sindicatura.
SINDICATURA ELECTORAL
En este desarrollo legislativo se prevé que, por la premura de tiempo, el Govern se arrogue algunas de las funciones que realiza la Junta Electoral Central, como puede ser el sorteo de mesas. Además, en aquellos municipios cuyos alcaldes se han mostrado hostiles a la celebración del referéndum (algunos, como L'Hospitalet, Cornellà y Santa Coloma, de gran peso demográfico) será el propio Ejecutivo catalán el que elabore el mapa de colegios electorales del municipio en cuestión. Además, la ley electoral vigente en España no obliga a que sea el secretario municipal el responsable de zona de la junta electoral, es decir, que puede ser suplido por uno de los voluntarios que se inscriban en la bolsa que creará el Ejecutivo catalán.
En cuanto a la seguridad -uno de los, a priori, eslabones débiles del proceso del 1-O por cuanto de incógnita tiene el papel que puedan desempeñar los agentes de los Mossos d'Esquadra-, el Govern elaborará un protocolo de actuación para la policía autonómica que prevé toda salvedad habitual en las citas electorales. En caso de que suceda algo que rompa con ese protocolo de cuestiones más o menos rutinarias, por ejemplo, algún intento de retirada de las urnas, la decisión sobre qué hacer recaerá sobre los mandos policiales, de mayor calado político. El objetivo, claro está, es proteger a los agentes policiales de las eventuales consecuencias legales que podrían acarrear la toma, por su parte, de determinadas decisiones.
La ley del referéndum se tramitará en el Parlament a finales de agosto, hay quien apunta incluso que podría ser el 22 de agosto, pero faltan aún demasiadas semanas como para darlo por seguro.
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