CDC ofrece su sede como fianza y Esquerra salva a Mas de dar la cara

El cerco de juez delcaso Milletle saldrá caro a CDC económicamente hablando, pero muy barato en términos políticos, al menos de momento. Mientras los convergentes hacían inventario ayer de su patrimonio inmobiliario para poder hacer frente a la fianza de 3,2 millones de euros reclamada por el magistrado Josep Maria Pijuan, CiU se valió de un aliado sorprendente para frenar el acoso de la oposición, que exigía explicaciones a Artur Mas. No fue en esta ocasión el PPC, sino ERC, la fuerza que salvó al presidente de la Generalitat de dar la cara ante el pleno del Parlament. Los republicanos adujeron la necesidad de proteger a la primera institución de Catalunya de la lucha partidista y prefieren que comparezcan otros dirigentes, a pesar de que elpresidentera secretario general de CDC entre el 2002 y el 2008, periodo en que, según el juez, el partido percibió del Palau de la Música el montante que ahora le reclama.

Convergència Democràtica recibió a la una de la tarde de ayer el auto judicial que le declara responsable civil «a título lucrativo» y le obliga a depositar en el juzgado, en un plazo de 24 horas, 3,2 millones de euros para devolver, en caso de que la sentencia final lo dictamine, parte de los fondos desviados de la entidad cultural por los que eran sus máximo dirigentes: Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull.

Para hacer frente a esta cantidad, CDC ha echado mano de una garantía inmobiliaria muy simbólica: su sede central en la barcelonesa calle de Còrsega. En concreto, el aval supone alrededor de una tercera parte del local. El partido, que será defendido en la causa por el abogado Javier Melero, que también representa al extesorero Daniel Osácar, está preparando los documentos para entregar la fianza lo antes posible.

Fuentes del partido explicaron a este diario que harán efectivo el pago hoy mismo, a pesar de que, aseguran, el juez les ha otorgado cierta flexibilidad en el plazo que marca la ley: 24 horas desde la notificación al afectado. Esta es una práctica habitual en personas o entidades a las que se le presupone solvencia y que están localizadas. Con la garantía inmobiliaria se presentará una tasación de la finca para que el magistrado conozca su valoración y determine si cubre la fianza, y un certificado de una entidad bancaria que prueba que el local está libre de hipotecas.

PREPARANDO EL RECURSO / Paralelamente, los abogados de CDC están preparando los argumentos para presentar un recurso. «Nunca nos hemos lucrado del Palau, ni de ninguna otra entidad», reiteraron todos los dirigentes que se pronunciaron ayer al respecto. La versión del juez es que existen indicios de que el partido recibió «entregas opacas de dinero» entre el 2002 y el 2008 por parte de Millet y Montull, y que se benefició de fondos a través de empresas de buzoneo que trabajaban para el Palau de la Música y para CDC.

Parte del dinero fue a parar, según la resolución judicial, a los entonces responsables de finanzas de CDC, Carles Torrents (ya fallecido) y a Osácar, su sustituto, aunque el destinatario final era el partido, bien directamente, o a través de su fundación, la Trias Fargas (actual CatDem), de la que ambos fueron directivos.

Soslayando el detalle de estas acusaciones, el Govern y CDC azuzaron la teoría de la mano negra para sugerir que el goteo de informaciones judiciales sobre la presunta financiación irregular del partido respondería a una campaña orquestada. Una conspiración ante la que el portavoz del Ejecutivo, Francesc Homs, se declaró totalmente indefenso: «No hemos tenido la oportunidad plena de defender nuestra honorabilidad, que en este momento sentimos amenazada», dijo en Catalunya Ràdio.

Aunque Homs garantizó la disponibilidad de Mas a dar explicaciones públicas por el caso, CiU se opuso a ello en la reunión de la Junta de Portavoces del Parlament convocada a tal efecto. La oposición habría podido forzar que el pleno discutiese la posible comparecencia de Mas, pero Esquerra se alineó con la federación nacionalista para impedirlo. El gesto contrasta con la incisiva labor que realizaron los independentistas durante la comisión de investigación delcaso Millet,la legislatura pasada y estando en el Govern, con duros interrogatorios a los responsables de Convergència.

La portavoz de ERC, Anna Simó, aclaró que solicitará varias comparecencias de dirigentes «importantes» de CDC. Entre los nombres que barajan los republicanos están los de Oriol Pujol, actual secretario general convergente, y el de su antecesor, Felip Puig, hoyconsellerde Interior. «Queremos explicaciones, y no espectáculo», justificó Simó, sin convencer al resto de grupos. Irónica estuvo, por ejemplo, la socialista Laia Bonet, al afirmar que ERC ha pasado de las «manos limpias» (eslogan que patentó en el 2006) a las «manos en el bolsillo».

DÍA DE BUENA SINTONÍA / Todos los partidos insinuaron que el favor de Esquerra es el principio de una nueva alianza preferente de CiU en el Parlament, dada la tensión verbal que últimamente mantiene el Govern con el PPC. Todos hablaron de «pinza» y a nadie se le escapó que esta se produzca en la recta final de la negociación del pacto fiscal, en la que CiU y ERC parecen bien sincronizados. Esta sintonía también quedó patente ayer en el pleno, que aprobó una ley de los republicanos para que la Generalitat publique anualmente las balanzas fiscales. En este caso, el PSC, ICV-EUiA y Solidaritat avalaron la iniciativa.