La batalla del calendario

En lo que atañe a la partida de ajedrez que, en las próximas horas, van a jugar el Govern y el Gobierno central en torno al referendo del 9-N

sólo es seguro que, hoy, por la tarde, será aprobada en el Parlament la ley de consultas. Hasta ahora se daba por sentando que en las horas siguientes la nueva norma sería publicada en el Diari Oficial de la Generalitat, lo que permitiría a Mariano Rajoy reunir a su consejo de ministros de forma extraordinaria el fin de semana para aprobar un recurso o dos, en caso de que el president Artur Mas también hubiera firmado ya la convocatoria de la consulta.

Pero fuentes de CiU y del Ejecutivo catalán recordaban ayer que cabe la posibilidad de apurar el plazo legal de 15 días para publicar la ley de consultas en el boletín, un detalle no menor si se tiene en cuenta que el Gobierno de Rajoy solo podrá recurrir la norma cuando haya sido publicada oficialmente y nunca antes. ¿Qué buscarían Mas y los promotores de la consulta con ese aplazamiento? Dificultar que el Gobierno central lleve sin demoras al Constitucional el texto y que este, al aceptar el requerimiento, suspenda inmediatamente la ley.

Todas las opciones abiertas

«Aún no hay una decisión cerrada y todas las posibilidades están abiertas», apuntan las fuentes citadas. En todo caso, el Govern tiene en cuenta que el TC tiene previsto un pleno para la próxima semana que puede durar hasta tres días y que, además, Rajoy se marcha el martes a China en visita oficial.

Cierto es que la vicepresidenta, en ausencia del presidente, puede impulsar igualmente el recurso contra la ley y contra la convocatoria de la consulta si lo creyese oportuno. «Se trataría de retrasar la publicación de la ley en el boletín para mantener el debate político y la convocatoria de la consulta vivos durante el máximo de días posible», matizan las fuentes consultadas en CiU y la Generalitat, que son conscientes de que la admisión a trámite del recurso gubernamental ante el Alto Tribunal y la suspensión de la ley de consultas afectaría asimismo, aunque fuese con efectos retroactivos, a la propia convocatoria de un referéndum bajo el paraguas de esa norma y también a cualquier movimiento de preparación de esa cita: el registro de población o la organización de las comisiones de control y seguimiento, por ejemplo.

Así, a Rajoy le toca esperar a que Mas mueva ficha. El PSOE, mientras tanto, asegura que estará en contacto en las próximas horas con el Gobierno central para seguir de cerca la partida.