La Audiencia Nacional rechaza investigar las cuentas de dirigentes CiU en el extranjero

Jordi pujol y su esposa, Marta Ferrussola, entrando en la Generalitat.

Jordi pujol y su esposa, Marta Ferrussola, entrando en la Generalitat. / periodico

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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado investigar las supuestas cuentas en el extranjero de dirigentes de CiU y del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, y ha enviado toda la documentación que le remitió la Policía sobre estos hechos a un juzgado de Madrid.

En un auto, Ruz declara, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, que no es competente para investigar las denuncias que el exempresario Javier De la Rosa, -que afirmaba haber recibido amenazas por conocer datos sobre estas cuentas-, y la expareja del hijo del expresidente catalán Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez Martín, presentaron ante la UDEF a principios de diciembre.

De la Rosa denuncia

Sobre la primera, el magistrado recuerda que De la Rosa interpuso una primera denuncia por amenazas y coacciones el pasado 29 de noviembre, a la que después siguió una ampliatoria en la que se limitaba a señalar que se habían mantenido en el tiempo, pero "negándose a identificar a las personas que se las vertieron".

Ruz entiende así que los hechos denunciados por De la Rosa podrían ser calificados como delito o falta de amenazas o coacciones, que en todo caso no son competencia de la Audiencia Nacional, por lo que reenvía toda la documentación al juzgado de instrucción número 43 de Madrid, donde recayeron antes de que la UDEF presentara en la Audiencia Nacional sus informes.

Datos "insuficientes"

A ese mismo juzgado envía también la denuncia de Álvarez Martín, a la que, en contra del criterio de Anticorrupción, rechaza llamar a declarar, aunque comparte con el Ministerio Público que los datos expuestos por la mujer ante la UDEF son "manifiestamente insuficientes e inconcretos para iniciar una mínima investigación criminal".

Según el juez, Álvarez Martín relataba, de forma "genérica e indeterminada, presuntos malos tratos físicos y psicológicos", cuya autoría atribuye a Pujol, así como la realización de diversos viajes entre los años 2006 y 2008 a Andorra, Londres, México y Argentina.

Viajes con dinero

De los realizados a Andorra, "solo aporta como dato que en uno de ellos, en Lleida, llevaba una mochila con gran cantidad en billetes de 500 euros, desconociendo su origen y su destino, y que después continuaron a Madrid, 'de dónde no volvía nunca el dinero'". Sobre los de México, "solo refiere inversiones en la construcción de un hotel, negocios de gestión de casinos y construcción" e identifica a los socios, de los que no aporta más datos.

Además, aludió a una reunión en Londres en la que ella misma participó como posible inversora de una empresa de telecomunicaciones que finalmente no se llevó a cabo, añadiendo que asistió una persona a la que no identifica, pero sobre la que asegura que Pujol le dijo que se dedicaba a blanquear dinero en las Islas de Canal y que "llevaba muchos negocios de la familia". Por último, mencionó que Pujol viajó a Argentina en el 2008 para hacer inversiones en Puerto del Rosario.

"Toda vez que la citada denuncia no aparece acompañada por informe alguno de la unidad policial actuante, que tampoco ha practicado gestión alguna para verificar los extremos" denunciados, el magistrado considera que la Audiencia Nacional tampoco es la competente para investigar estos hechos.

Querellas

Previamente, Ruz ya inadmitió por falta de competencia una querella del abogado Joaquín Yvancos y una denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias relacionadas con supuestas cuentas en el extranjero de varios dirigentes de CiU. En el primer caso, Yvancos se querelló contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas; su antecesor, Jordi Pujol, y la mujer de éste, Marta Ferrusola; los hijos de ambos, Oriol y Jordi; el empresario Carlos Riva y el 'exconseller' de Interior Felip Puig.

Mientras, Manos Limpias denunció a la familia Pujol por presuntos delitos contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios, y tráfico de influencias.