Gabriel y la internacionalización del 'procés'

Este miércoles se cumplen 82 años de la amnistía del Gobierno al ‘president’ de la Generalitat y todo su gobierno. Después de la victoria del Frente Popular de izquierdas en las elecciones de 1936, Manuel Azaña firmó la libertad de los encarcelados por cuestiones políticas. Entre ellos Lluís Companys y sus compañeros en el Ejecutivo catalán, encarcelados desde 1934 y condenados un año después por un delito de rebelión militar por la proclamación "la República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica". No se vislumbra, de momento, que Mariano Rajoy tenga entre sus planes más inmediatos hacer como Azaña y restituir a Carles Puigdemont como 'president' ni se ve cercana tampoco la salida de prisión de Oriol Junqueras y Joaquim Forn ni de los Jordis. Viendo que la ofensiva judicial está lejos de remitir, Anna Gabriel ha preferido refugiarse en Suiza. No solo para evitar el riesgo de que el juez Pablo Llarena decretara su prisión provisional, sino que con esta jugada espera internacionalizar la causa catalana, una de las grandes obsesiones del bloque independentista.

Ante la negativa del Estado a negociar un referéndum pactado, los arquitectos del 'procés' habían fijado como una prioridad la necesidad de conseguir que la cuestión catalana dejara de ser un asunto interno español para figurar en la agenda internacional. Una máxima que, según el informe la Guardia Civil, se repetía en las reuniones del comité estratégico del referéndum y que también se podía constatar en las declaraciones públicas antes y después de esa consulta. Durante las semanas previas al 1-O se repetía que la simple imagen de la policía retirando urnas podría provocar que actores internacionales forzaron a Mariano Rajoy a buscar una solución política a la cuestión catalana. Pese a la violencia policial, no ocurrió. El 10 de octubre, el día de la 'DUI interruptus', Carles Puigdemont anunció que “suspendía los efectos” de esa secesión para "facilitar los esfuerzos internacionales" que según dijo se estaban llevando a cabo para conseguir una mediación con el Estado. Finalmente, al ver que no había movimientos tangibles, la proclamación de la independencia terminó llegando dos semanas después, por mucho que ahora haya discrepancias en el bloque independentistas sobre si fue real o solo simbólica. 

Benet Salellas, abogado de Gabriel, explicó en la rueda de prensa del martes que la exdiputada velará desde el exterior por "internacionalizar el 'procés'". El propio Salellas leía en la misma clave a finales de octubre la decisión de Carles Puigdemont de marcharse a Bélgica: "La idea de ubicar el foco en Bruselas contribuye a una estrategia de internacionalización de la vulneración masiva de derechos humanos que hay en Catalunya". Después de que el Gobierno liquidara el Diplocat, la presencia de Gabriel en Ginebra (sede europea, y segunda sede mundial, de Naciones Unidas) y Puigdemont en Bruselas (sede del Parlamento Europeo) serviría, de acuerdo con esta visión, para no renunciar a que Catalunya dejara de ser visto como un asunto doméstico español.