El viraje argumental del independentismo

Con el autodescarte de Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat y  su unción de Jordi Sánchez  junto con el anuncio por parte de su abogado de que mensualmente presentará denuncias ante distintas organismos internacionales, la primera ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por violación de la Declaración de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con el anuncio previo del  presidente del Parlament Roger Torrent de que llevaría las  trabas a la investidura de Puigdemont al Tribunal de Derechos Humanos y la huida de Anna Gabriel a Suiza argumentando que en España sus derechos no están garantizados, el secesionismo catalán  se sitúa definitivamente el marco argumental de la causa justa.

Como bien explica Allen Buchanan en sus clásicos trabajos sobre  la secesión,  esta suele legitimarse fundamentalmente a través de las teorías de los derechos primarios y de las teorías de la secesión como remedio. Dentro del primer grupo encontramos por un lado la teorías adscriptivas que sostienen que grupos con características lingüísticas, históricas, culturales,  sentido de su propia especificidad y aspiraciones compartidas a constituir una unidad política tendrían derecho a la secesión.  Este,  que es uno de los argumentos clásicos del nacionalismo de matriz alemana del que además bebe mucho el nacionalismo catalán,  fue uno de los primeros argumentos del soberanismo. Solo hace falta recordar el lema de la manifestación del 2010: “Som una nació, nosaltres decidim”.

Por el otro están las teorías de los grupos asociativos que consideran que una  secesión sería legítima siempre que se basase en la elección política voluntaria por parte de un grupo humano que aspira a formar su propio estado. Esta idea, que entronca con el tradicional argumento de Renan y con el nacionalismo pujolista,  quedó claramente sintetizado en el lema de CiU en las elecciones de 2012, “La Voluntad del Poble”.   Desde entonces no ha dejado de repetirse que una mayoría de los catalanes eran partidarios de un referéndum de autodeterminación  y los partidos que apoyaban esa idea tenían mayoría, una circunstancia que debería servir para avalar todas sus decisiones.  Pero desde el 1 de octubre y sobre todo como consecuencia de las actuaciones policiales y  judiciales  se ha empezado a ahondar en el tercero de los argumentos,  el que legitima la secesión como una causa justa para remediar las  injusticias y que se ha expresado a través de la idea de que “Això va de democràcia” .

Este viraje, sin embargo,  plantea al menos dos interrogantes. El primero  es,  qué sucede cuando el argumento ahora esgrimido no solo no está en el origen de las demandas de secesión, sino que,  más bien,  es una consecuencia de la defensa de la integridad territorial por parte de un estado que la ha visto amenazada por una secesión unilateral, una defensa quizás excesiva en su ejecución, pero que no está de más recordar,  suele considerarse como moralmente legítima por parte del derecho internacional. Y el segunda es si la situación que ha provocado el viraje, es decir,  la reacción por parte del Estado, ha sido inducida para tratar de aprovecharse de ella, o si se ha llegado simplemente por reactancia.