Análisis

¿Venganza o populismo?

Dejen al Código Penal en paz, e inviertan sus esfuerzos en prevenir la delincuencia y en acompañar a las víctimas con más medios y recursos

El padre de Diana Quer y el de Mari Luz Cortés, muestran su descontento con el pulgar hacia abajo.

El padre de Diana Quer y el de Mari Luz Cortés, muestran su descontento con el pulgar hacia abajo. / periodico

ARGELIA QUERALT

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El Ministerio del Interior afirma en sus informes estadísticos que los delitos más graves (homicidios dolosos asesinatos consumados) han descendido desde el 2005 al 2016 en un 40%. No hay ningún estudio que demuestre que penas más largas supongan una reducción de la comisión de delitos más graves. Desafortunadamente, hay personas que están decididas a actuar y otras que, sin estarlo, en el momento de hacerlo no se ven persuadidas por la gravedad del castigo.

Así, si asistimos hoy a una actividad delictiva un 40% más baja de hace 11 años y no hay estudios que demuestren que las penas disuaden a los delincuentes de delitos más graves, ¿qué lleva a los responsables políticos a elevar las ya de por si elevadas condenas previstas en el Código Penal? Solo encuentro dos justificaciones, ninguna satisfactoria. 

Dos justificaciones

En primer lugar, una concepción de la justicia como venganza, muy alejada de los valores y principios que emanan de nuestra Constitución y que toman forma de derechos fundamentales universales: la libertad, la justicia material, la igualdad, la integridad física y moral, la tipicidad de las conductas delictivas, o el carácter resocializador de las penas (art. 25 CE). En definitiva, un sistema que sabe sobreponerse incluso a las mayores atrocidades, respondiendo con condenas que serán respetuosas con los derechos básicos de los condenados y que se ha comprometido con intentar que todas las personas puedan reinsertarse en la sociedad. La prisión permanente revisable no cumple con este sistema de valores constitucionales: un mínimo de 25 años de prisión, con una duración posterior indeterminada que depende de factores del todo abiertos.

El segundo motivo es todavía más pedestre: complacer a una parte del electorado, aprovechando el dolor desgarrador de las víctimas y el miedo de sus conciudadanos, agitando el Derecho penal en su versión más dura como solución a la comisión de delitos muchas veces inexplicables para un ser humano medio. Sin embargo, como se ha dicho, esta actitud es muy poco responsable dado que, insisto, no hay datos que demuestren que el endurecimiento de las penas implica un descenso de la criminalidad. Por tanto, este tipo de medidas, innecesarias desde la perspectiva jurídico-penal, son un ejercicio de populismo punitivo, esto es, darle al pueblo lo que quiere oir en un determinado momento, sabiendo de lo vacuo (incluso pernicioso para el sistema) de dichas concesiones. El motivo: los votos.

Pena de muerte dulcificada

Hay personas a las que preferiríamos no tener en nuestra sociedad: es duro admitirlo, pero es así. Sin embargo, en su momento, en un ejercicio de compromiso con los derechos humanos, elegimos no permitir la pena de muerte en nuestros sistema. La prisión permanente revisable es un versión algo más dulcificada aunque con la misma finalidad: expulsar de la sociedad a una serie de individuos. Dejen al Código Penal en paz, e inviertan sus esfuerzos en prevenir la delincuencia y en acompañar a las víctimas con más medios y recursos.