Una renta para vivir o vivir de la renta

Cuando hablamos de "vivir de rentas" pensamos en las personas de familias acomodadas que tienen un buen colchón económico, gracias al dinero que les ha legado su familia o lo han atesorado con algún golpe de fortuna. Muchos ciudadanos aspiran a que les toque un buen premio en la lotería para "vivir de rentas" a partir de entonces. Aunque contrasta la situación de estas personas con la de los cientos de miles de catalanes que viven en la pobreza e, incluso, pasan hambre, no se suele poner en cuestión su derecho a beneficiarse de esta realidad.

En cambio, sí que se plantea este debate cuando los que pretenden "vivir de rentas" son los ciudadanos que no tienen grandes patrimonios ni ingresos pero se conforman con ir tirando con unas modestas prestaciones concedidas por las administraciones públicas. Es decir y simplificando, los ricos tienen derecho a vivir sin trabajar pero los pobres, no. Se criminaliza a los beneficiarios de los eres andaluces o de las rentas de inserción vigentes en las diferentes comunidades autónomas. Los ricos son afortunados. Los pobres, criminales.

MÁS DE 121.000 APOYOS

Este debate ha reaparecido a raíz del acuerdo entre el Gobierno catalán y el grupo promotor de la iniciativa legislativa popular (ILP) por una Renta Garantizada de Ciudadanía Renta Garantizada de Ciudadanía(RGC). Este grupo recogió 121.000 firmas a favor de la RGC y las entregó al Parlament en diciembre del 2013.

Han pasado tres años y medio y, finalmente y después de cepillar algo el proyecto, el gobierno de Junts pel Sí, representado por su consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha llegado a un acuerdo con los promotores de la iniciativa. Los 664 euros que pedían para los beneficiarios de la RGC tendrán que esperar al año 2020. A partir de septiembre se deberán dar por satisfechos con 550. Solo los obtendrán los que ahora reciben la Renta Mínima de Inserción -unas 29.000 familias con un promedio de 500 euros cada una- y los cabezas de familia monoparental que trabajan pero ingresan menos dinero que los que conlleva la RGC, unos 7.000.

Para tener acceso a la prestación será necesario que no se haya cobrado ninguna o recibido salario alguno en los seis meses anteriores, ser mayor de 23 años, llevar dos años viviendo en Catalunya y no poseer una segunda residencia. Además, deberán aceptar propuestas de trabajo -"adecuadas", según el texto del acuerdo- y si no se incorporan a los planes de formación que les ofrezcan se les deducirán 150 euros.

UN DERECHO CIUDADANO

A pesar de las limitaciones, la importancia de este acuerdo es que se entiende que la RGC no es una limosna de la Administración sino un derecho subjetivo del ciudadano, como lo es el derecho a la sanidad o la educación. Catalunya pasa, así, la mano por la cara a los países y ciudades que se limitan a hacer experimentos de duración limitada para decidir si incorporan este derecho a su legislación.

Si el acuerdo sobre la RGC se convierte en ley, y no tropieza con una nueva disolución del Parlament o la amenaza habitual del recurso del Gobierno del PP al Tribunal Constitucional, podríamos afirmar que Catalunya ha dado un pequeño paso contra la pobreza y, de paso, un gran paso para la Humanidad.