Una organización territorial muy cara

Que vueltas da la vida. Ahora resulta que altos dirigentes de CiU caen en la cuenta de que la composición de los plenos de los consells comarcals tienen una carga política que no se corresponde con la labor que debería tener este nivel administrativo supramunicipal.

El planteamiento tiene toda la lógica del mundo, pero un inconveniente de base: fue precisamente la mayoría de CiU en el Parlament de Catalunya en 1987 la que creó estos consejos, su sistema electoral y la distribución de competencias y funciones que han ido asumiendo desde entonces. Más de un cuarto de siglo de unos organismos en marcha que ahora un Govern también de CiU reconoce que hay que reconvertir. Y con un argumento de calado en una situación de crisis y de escasez de recursos públicos: es necesario ahorrar y lograr la máxima eficiencia y eficacia administrativa.

La vicepresidenta y consellera de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, ha presentado en el Parlament el anteproyecto de ley de gobiernos locales que pretende suprimir 1.000 cargos públicos que dependen de los consejos comarcales. Es la constatación más dura de que esta organización, tal como se creó, ha sido un gasto innecesario o, como mínimo, excesivo.

Se crearon de arriba a abajo, sin partir de las necesidades reales de agrupar servicios concretos por parte de los municipios a los que tenían que servir, y con un sistema electoral que los convirtió en muchas zonas en contrapoderes de las gobiernos de las capitales de comarca.

Ahora se propone que sean los consejos de alcaldes los que ostenten el poder político más importante en cada comarca y que los consejos comarcales se conviertan en meros gestores de servicios mancomunados voluntariamente por los municipios (de abajo a arriba).

A algunos de los políticos que en 1987 estaban en la oposición y defendían, sin éxito, cosas muy similares a lo que ahora propone el Govern, como el socialista Lluis Armet, se les debe quedar cara de sorpresa al ver el desparpajo con el que se asume este cambio de estrategia.

Temas como la organización territorial son áridos, y puede parecer que afectan poco a la vida real de las personas. Pero si se traduce en cifras el efecto de algunas decisiones, o de sus rectificaciones, la percepción cambia. En su comparecencia Joana Ortega calculó que estos cambios administrativos a partir de las comarcas pueden aportar un ahorro de más de 1.000 millones de euros.

Dando la vuelta a ese argumento, es justo preguntarse cuánto nos habríamos ahorrado en el último cuarto de siglo en este tipo de consells comarcals si las cosas de hubiesen hecho con los criterios que ahora se consideran lógicos.