Ley clave en el transporte

Una moratoria para la movilidad

Cuatro años son suficientes para empezar a buscar entre todos la solución, que no es que haya menos VTC, sino mejorar el servicio de movilidad a mejor precio

Protesta de taxistas en Madrid

Protesta de taxistas en Madrid

Josep-Francesc Valls

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Manifestación de los taxistas madrileños apoyando este jueves ante el Parlamento la modificación de la ley de ordenación del transporte terrestre (LOTT)ley de ordenación del transporte terrestre (LOTT). Oferta de carreras gratuitas hace unos días protagonizadas por los VTC (vehículos turismo con conductor). Duros enfrentamientos, huelga salvaje en verano y quema de vehículos aplicativos por parte de los taxistas. Amenaza de inseguridad jurídica y de indemnizaciones mil millonarias. Todas las administraciones implicadas, desbordadas por el tema. Estos son algunos de los acontecimientos que enmarcan el conflicto entre dos modelos de negocios, uno antiguo y otro nuevo. En el trasfondo, la impericia de la Administración estatal para adelantarse a un tema conocido. Aquí el Gobierno de entonces se enteró de que había un problema cuando los contendientes estaban llegando a las manos.

El vacío legal en España facilitó la proliferación de licencias de VTC entre el 2009 y el 2015. La falta de desarrollo legislativo durante este periodo crucial exasperó a los taxistas que veían cómo otros llegaban a competir en el mismo mercado en mejores condiciones (jurídicas y fiscales). Y sobre todo, que el servicio entrante era más baratomás rápido, más transparente y mejor valorado por los clientes que el suyo.

Cuatro años

Habrá moratoria de cuatro años. Se modifica la LOTT y se traspasan las competencias a las comunidades autónomas para que decidan la proporción de VTC sobre el global de taxistas. Por fin, en Madrid se dan cuenta, casi una década después, que desde el ámbito autonómico y local resulta más fácil gestionar las licencias de taxistas y de VTC.

La moratoria hasta el 2022, ¿resulta suficiente? Cuatro son los objetivos del decreto: que el taxi se adapte al nuevo entorno competitivo y se modernice; que los VTC amorticen las fuertes inversiones realizadas para entrar en el mercado; que las administraciones no se vean abocadas a pagar indemnizaciones millonarias, y que al finalizar este periodo, los ayuntamientos tengan las manos libres para revocar o no las licencias de VTC.

Cuatro años parece poco tiempo para resolver definitivamente la movilidad urbana. Sobre todo, cuando el taxi se entrecruza con el avance definitivo del coche eléctrico y autónomo. Con las exigencias de sostenibilidad. Con la habitabilidad y convivencia de propios y turistas. Y con las distintas formas de economía colaborativa que impulsan a los consumidores a compartir lo ajeno. En este nuevo escenario, no va a resultar fácil modernizar el servicio ofrecido por los 65.000 taxistas que ven amenazado su futuro; habrá, por ejemplo, que aplicar planes de salida dignos para los que adquirieron la licencia obligatoria, la cual valdrá mucho menos. Ni tampoco va a resultar fácil que los VTC, en estas condiciones restrictivas, amorticen las inversiones realizadas. Ni tampoco que los tribunales dejen de imponer multas a las administraciones. Pero cuatro años son más que suficientes para empezar a tratar el tema entre todos los agentes, porque la solución no es que haya menos VTC sino mejorar el servicio de movilidad a mejor precio.