Un tufillo exclusivista

La mayoría parlamentaria ha aprobado este miércoles una reforma del reglamento de la Cámara catalana que permite que cualquier Pleno apruebe de improviso, por urgencia, en lectura única y limitando los derechos parlamentarios -incluida la petición de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries-, cualquier ley presentada por un grupo de la mayoría.

El dislate es obvio porque la reforma pretende así aprobar en septiembre nada más y nada menos que la ley del referéndum y la de desconexión de España (la independencia), que violan no solo la Constitución, sino también el Estatut de Catalunya, que exige una mayoría cualificada de dos tercios para su reforma y para la ley electoral. A la que el referéndum obliga, pues habría que crear una hoy inexistente sindicatura electoral.

El razonamiento de fondo es que la mayoría separatista con sus 72 (o 71) diputados, sobre 135, y el 47,8% de los votos en las plebiscitarias del 2015, tiene derecho a poner entre paréntesis las leyes, incluidas las catalanas, que le dificulten el objetivo de hacer un referéndum el 1 de octubre y dar así un paso decisivo hacia la independencia. Y el procedimiento expeditivo es no solo necesario sino obligado porque el Gobierno español se opone al referéndum con los instrumentos que le da la Constitución del 78, un texto que el separatismo cree, pese a que la mayoría de los catalanes lo votaron, que ha perdido toda legitimidad tras la sentencia del Constitucional sobre el Estatut en el 2010.

Deben pensar que el fin legítimo -que el pueblo catalán vote- está por encima de la legalidad, olvidando que Catalunya vota cada cuatro años desde 1980 y que nunca ha habido mayoría independentista. JxSí y la CUP tienen que acumular el máximo poder para hacer frente a un enemigo -el Estado español- que se parece más a Turquía (Puigdemont en Harvard) que a una democracia normal.

El razonamiento tiene un tufillo simplista y exclusivista. Y está falto de coherencia por muchos motivos. Citaré solo dos. Uno, no se fija un mínimo de participación. Así, si solo fuera a votar el 40% del censo y hubiera mayoría separatista, se proclamaría la independencia. Dos, la última encuesta del CEO de la Generalitat dice que Catalunya está muy partida. El 49%, contra el 41%, se opone a la independencia.

Es triste. Indica que el separatismo, que ha crecido, no sin motivos, en los últimos años, se cree que encarna a Catalunya -ha sido mi sensación al escuchar a Roger Torrent- y se ve como un movimiento nacional de los auténticos catalanes. ¿Qué somos entonces los otros? Al fin y al cabo, el 27-S habrían saltado de alegría con el 50,01% de los votos, con el apoyo de media Catalunya. Inquietante deriva.

Y grave. Guste o no, Catalunya es parte de España. Y el Gobierno español puede paralizar la reforma recién votada. Este mismo miércoles la Guardia Civil ha comunicado al secretario general de Presidència su imputación por sedición. ¿Adónde va Puigdemont? ¿Quiere hacer de Companys del 34, con más gente detrás, pero sin ningún aliado en España y en Europa?