Tortazo a Villar

El cántaro ha ido mucho a la fuente, a muchas fuentes, a fuentes tóxicas. Al final han sido diligencias oficiales, originadas en el Juzgado Central de Instrucción nº 1 las que parece que pueden hacerle añicos, segando de raíz los 29 años largos de Ángel María Villar al frente del mundo del balompié. El ya 'caso Villar', el que atizó en marzo de 1974 a Johan Cruyff, tiene en ese arranque judicial un rasgo distintivo respecto de las causas en las que viene estando inmerso años y años el aún presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). En efecto, las querellas contra él han fracasado, sea por mal fundadas, sea por sus maniobras de defensa, sea por las razones que fueren.

Ahora, cuando un juez ha tomado la iniciativa y tiene el ariete de la UCO de la Guardia Civil, salvo sorpresas, se acabó la broma. Las informaciones hablan de presuntos crímenes tales como delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental. Todo ello parece responder a un entramado en que figuraban federativos pretorianos de Villar, así como su hijo, ajeno formalmente a la federación, pero con innumerables negocios con y a partir de la misma, negocios que, por lo que parece, son todo menos claros, transparentes y legítimos.

Un segundo orden de cuestiones, y no meramente técnicas, llama también la atención. Los delitos imputados ahora, básicamente manejos ilícitos de dinero y activos  relacionados con la federación, se han considerado movimientos entre particulares y  no públicos, lo que es revelador de un tema nunca del todo bien aclarado.

UNA ESPESA OSCURIDAD

Me refiero a la oscuridad que reina sobre la naturaleza de las federaciones deportivas: ¿son entes públicos, privados o mixtos?, ¿por qué han de gozar de la exclusividad de la disciplina y de determinados aspectos organizativos de competiciones cuando sus actos no son siempre actos sujetos al Derecho administrativo? Es más, recurrir determinados extremos ante los tribunales ordinarios está prohibido por las federaciones internacionales, en concreto por la UEFA y por la FIFA. Aún retumban las palabras de Pablo Porta cuando le señalaron que esa limitación era contraria a la Constitución (tutela judicial efectiva) y respondió…; sin reproducir el tenor literal de la respuesta, el lector puede imaginar cuál fue.

Por ello me parece un acierto que los delitos que se imputan sean delitos cometidos por particulares y no por agentes públicos. Si las federaciones deportivas, con los incentivos que se quiera, se hubieran mantenido en lo que deberían ser, asociaciones privadas sin ánimo de lucro, y no el engendro en el que se han convertido, se evitarían estos casos tan poco edificantes, propios del semillero de corrupción en que las altas instancias federativas han plasmado la estructura del deporte profesional. Comités olímpicos, FIFA, UEFA, FIA… son las campeonas del chanchullo, de negocios más espesos que el chocolate y de una vida de lujo por parte de sus dirigentes,  sin dar un palo al agua, con absoluta irresponsabilidad jurídica, política, económica y social.

Ya va siendo hora de cambiar de chip.