No todo vale ante el 'procés'

El independentismo no tiene el monopolio del uso de atajos jurídicos y de apeaderos dudosamente democráticos en el conflicto que libra con el Estado. Antes de que Junts pel Sí promoviera la ‘desconexión exprés’Junts pel Sí, que pisotea los derechos de casi la mitad del Parlament y más de la mitad de los votantes, el Gobierno de Mariano Rajoy acometió una ‘reforma exprés’ del Tribunal Constitucional que lo empoderaba para, eventualmente, destituir a las autoridades catalanas que en pos de la secesión conculcasen la Carta Magna.

Poco o nada ha quedado de aquella electoralista reforma, anunciada en la campaña catalana del 2015 por el candidato del PP, Xavier García Albiol, y que hasta ahora los magistrados del Constitucional, en una muestra de sentido común, se han negado a aplicar pese a las demandas del Ejecutivo. Ya entonces censuramos en estas páginas la pretensión gubernamental de otorgar funciones policiales al alto tribunal.

Ahora es el Consejo de Europa el que afea a Rajoy aquella improvisada reforma. Aun reconociendo que la medida se ajusta a “los estándares europeos”, el informe no vinculante de la Comisión de Venecia la desaconseja por estimar que daña la “independencia” del Constitucional, que debe preservar la percepción de “árbitro neutro” como “juez de las leyes”.

EL IMPERIO DE LA LEY

Sería aventurado por parte del soberanismo, sin embargo, proclamar que el Consejo de Europa ha respaldado sus propósitos rupturistas, por cuanto el dictamen también lanza una severa admonición a las autoridades de Catalunya: “Cuando un funcionario público rechaza ejecutar las sentencias del Constitucional viola los principios del imperio de la ley (…). Tomar medidas para hacer esa cumplir esas sentencias es, por lo tanto, legítimo.” 

Este pronunciamiento entronca con una reciente advertencia del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani: “Quien actúa contra la Constitución actúa contra el marco legal europeo. Esa actuación nunca será reconocida ni surtirá efecto alguno.”

El Gobierno y la Generalitat deberían extraer conclusiones: no todo vale para abortar el ‘procés’, pero tampoco para culminarlo al precio que sea.