Tenemos un plan

Recientemente, activistas, pensadores y gobernantes de todo el planeta se han dado cita en Quito para participar en Habitat III, la Conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. De este encuentro, cuya trascendencia se refleja en el hecho de que tan solo se celebra cada 20 años, debían surgir las directrices de la Nueva Agenda Urbana. Sin embargo, tal como señala el politólogo Joan Subirats, la palabra «democracia» brilla por su ausencia en el documento oficial, en el que tampoco se hace ninguna referencia a los colectivos LGTBI. Algo más afortunado ha sido el concepto de «derecho a la ciudad», que aparece por primera vez citado por la ONU --aunque sea de manera tangencial-- gracias al esfuerzo y la perseverancia de muchos movimientos sociales y algunos gobiernos locales, como el de Barcelona, representado en el encuentro.

RESERVAS DE ORGANISMOS OFICIALES

Afortunadamente, tales conceptos sí han resonado estos días en la capital ecuatoriana a través de múltiples actos paralelos, como el foro alternativo organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en el que el Ayuntamiento de Barcelona también ha estado presente. Aun así, resulta cuando menos sorprendente que, en un mundo cada vez más urbanizado, algunos organismos oficiales todavía tengan reservas a la hora de asumir el derecho a la ciudad como garantía del resto de los derechos humanos o que sigan desligando el urbanismo de su función democratizadora.

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Bien es cierto que el urbanismo no siempre está al servicio de la democracia y que incluso puede ser, directamente, un arma para el abuso de poder. Barcelona lo sabe tan bien como muchas otras ciudades. Durante décadas de dictadura, especulación, desarrollismo y tecnocracia, los tejidos urbanos de la capital catalana sufrieron negligencias y agravios que pusieron de manifiesto la dimensión espacial de la injusticia. Barrios enteros, carentes de infraestructuras básicas, equipamientos públicos y transporte colectivo, conservan en su memoria colectiva las luchas vecinales en las que aprendieron que la justicia espacial no llueve del cielo. Pero todavía hoy la injusticia perdura, testaruda, e incluso consigue abrirse paso a lo largo y ancho del espacio urbano.

GENTRIFICACIÓN, CONTAMINACIÓN...

Hay injusticia en las crecientes desigualdades de renta o de esperanza de vida entre distritos. Hay injusticia en la gentrificación que expulsa a los pequeños comerciantes y a los vecinos de sus propios barrios. Hay injusticia en la burbuja inmobiliaria que incrementa exponencialmente los precios de la vivienda. Hay injusticia en el consumo energético de la ciudad, el 40% del cual se dedica a un transporte privado basado en combustibles fósiles que aceleran el cambio climático. Hay injusticia en el hecho de que el movimiento de algunos contamine el aire de todos, provocando indiscriminadamente 3.500 muertes prematuras cada año o mermando notablemente el desarrollo y las capacidades cognitivas de los niños. Hay injusticia en el hecho de que el automóvil, aparcado o en movimiento, ocupe el 60% del espacio público, mientras que solo se usa en el 20% de los desplazamientos. Hay injusticias y se hacen evidentes en el espacio urbano.

MÁS VIVIENDA Y MÁS TRANSPORTE PÚBLICOS

Frente a estas y muchas otras evidencias, no es solo fundamental, sino también urgente, identificar las causas y las condiciones que han hecho posibles estas injusticias y, al mismo tiempo, articular las políticas urbanas necesarias y suficientes para combatirlas durante los próximos 20 años. Y, en la Barcelona actual, no hay duda de que este reto se concreta en una fórmula muy clara: más vivienda pública y más transporte público. Por un lado, hay que entender que la vivienda social, tanto como el espacio público, es un instrumento de mejora urbana. Debemos equiparar a cuotas europeas nuestro ridículo parque público residencial para incidir en los precios del mercado y atenuar las burbujas de precios. Se trata de asegurar al mismo tiempo el derecho a la vivienda y el derecho al barrio, a vivir en el lugar donde cada persona pueda realizar su proyecto vital y tejer sus vínculos solidarios.

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Por otro lado, hay que avanzar hacia un espacio público radicalmente democrático, donde las calles, lejos de ser meras infraestructuras de circulación, sean lugares comunes dedicados a una cotidianidad que empieza en cada casa y se proyecta hacia lo compartido. La estrategia de las supermanzanas o la transformación de la Meridiana y de Pere IV son expresión de ello. Debemos hacer posible que el lujo de vivir en barrios peatonales esté al alcance de todo el mundo. Fomentar el uso de la bicicleta y el transporte colectivo, extender la red de carriles bici, mejorar la malla ortogonal de autobuses e incorporar soluciones a la movilidad metropolitana, como la conexión del tranvía por la Diagonal.

UN INSTRUMENTO DE LA DEMOCRACIA

En definitiva, debemos superar la vieja concepción de la planificación urbana como mero mecanismo para generar plusvalías y transitar hacia un nuevo urbanismo activador de vida y de derechos sociales. Para ello, hay que ir pensando en revisar el Plan General Metropolitano (PGM), que ya ha cumplido sus 40 años y que se ha convertido en la base de la deriva neoliberal de los últimos lustros. El PGM maltrata --cuando no hace tabla rasa de ellos-- los valores patrimoniales de muchas tramas urbanas recibidas del pasado y es una herramienta torpe para la solidaridad metropolitana.

Necesitamos un nuevo plan que nos permita afrontar el reto apasionante de hacer efectivo el derecho a la ciudad, y hacerlo en común, como construcción colectiva generadora de una ciudadanía implicada y empoderada. Y eso, mal que les pese a algunos de los organismos representados en Quito, pasa por entender el urbanismo como un instrumento ineludible de la democracia. Un instrumento que posibilite la convivencia de los que comparten hoy la ciudad --justicia-- y la supervivencia de los que la heredarán mañana --sostenibilidad--.