La tarifación social y los perdedores invisibles

La introducción de la tarifación social en las 'escoles bressol' de Barcelona ha generado una cierta controversia, que se ha trasladado al proceso de negociación del presupuesto municipal. Dado que en el debate han abundado opiniones no siempre fundamentadas, intentaré, en estas líneas, aportar algunos datos y argumentos.

La tarifación social implica que la cuota a pagar varíe según la renta familiar. Una familia de cuatro miembros con una renta bruta inferior a 16.732 euros anuales paga 50 euros al mes, que se van incrementando en 10 tramos hasta un máximo de 395 euros, cuando la renta supera los 75.295. El coste real del servicio es de 720 euros mensuales por niño y, una vez agregados, los ingresos cubren el 26% del coste. El ayuntamiento, es decir, el conjunto de los ciudadanos, aporta el 74% restante.

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Aunque las 'escoles bressol' ya disponían de descuentos condicionados a la renta, la tarifación ha comportado cambios importantes: en primer lugar, se han reducido los precios para las rentas que no eran ni suficientemente bajas para ser bonificadas ni suficientemente altas para poder hacer frente al precio completo (hasta 41.830 €, para una familia de cuatro).

Segundo, los precios se determinan ahora únicamente en función de la renta, de modo que las familias ya no tienen que acreditar la existencia de problemas adicionales mediante un informe de Servicios sociales. Tercero, el precio cero se ha sustituido por una cuota mínima, de manera que todos contribuyen, aunque sea poco, en función de sus posibilidades, si bien, como es lógico, los servicios sociales pueden decidir pagar la cuota a sus usuarios. Cuarto, las reducciones de precios se compensan, en una tercera parte, con un incremento de la aportación municipal y, en dos terceras partes, con un aumento de los precios para las rentas relativamente más altas.

Reducir desigualdades

¿Qué consecuencias ha tenido este cambio tarifario? El más evidente ha sido que unas 380 familias adicionales con una renta inferior al índice de suficiencia que establece la Generalitat han solicitado plaza en el curso 2017-18. La garantía de cuota mínima sin requerir informe de Servicios sociales les ha alentado a solicitarla. Dado que los impactos educativos de la educación infantil son mayores para los niños en riesgo de pobreza, este resultado mejora la capacidad de la 'bressol' para reducir las desigualdades sociales.

La segunda consecuencia ha sido una reducción de la demanda, de magnitud similar, entre quienes deben pagar una cuota igual o superior a la que había antes de la tarifación social. El reto es recuperar esta demanda. La calidad pedagógica y de los equipamientos, a precios que ni siquiera en el tramo más alto superan los de la oferta privada, resulta bastante atractiva. La oportunidad de mejora pasa por atender mejor las necesidades de conciliación de las familias. En este sentido, la iniciativa para ensayar la flexibilización horaria a partir del próximo curso es muy buena noticia.

Un parche

Dicho esto, convendría aclarar que la tarifación social no es un sistema óptimo sino un parche a un problema de fondo: el de un sistema impositivo que genera, de forma poco progresiva, recursos insuficientes. En Dinamarca, donde los ingresos tributarios alcanzan el 47% del PIB, podríamos decir que está todo pagado. Aquí, donde contribuimos con el 34%, hay que hacer equilibrios entre la cantidad, la calidad y el precio de los servicios. Está claro que en este caso ha salido perdiendo la cantidad, ya que la oferta de plazas cubre poco más de la mitad de la demanda.

En los últimos días se ha hablado de una aportación adicional del Ayuntamiento de 1,5 millones. Es una buena noticia: implica incrementar la transferencia de los barceloneses a sus conciudadanos con niños pequeños. Ahora bien, valdría la pena pensar a qué dedicarlos: que las rentas superiores a 75.295 euros paguen 395 euros al mes para cubrir el 62% del coste de su plaza no es ideal, pero es razonable. No lo es, en cambio, que 3.386 familias se queden sin plaza, incluyendo más de un millar en riesgo de pobreza.

Para todas ellas, sin distinción, la respuesta es que se busquen la vida. Son los perdedores invisibles: no se organizan ni se quejan, pero existen. Más que a bajar precios a los tramos altos, los 1,5 millones deeuros, y más aún si fuera posible, habría que dedicarlos a ampliar la oferta de 'bressol' pública o a ayudar a pagar una plaza privada a los perjudicados por el sorteo que no se la pueden permitir. Parece mejor idea repartir que concentrar los recursos en unos pocos.