Sin preparación ni preparándose

La actual crisis humanitaria estaba anunciada. Pero la Unión Europea (UE), cautiva de la crisis económica y financiera, desdeñó prepararse para el tsunami de refugiados e inmigrantes que ha acabado alcanzándola, pensando que podría aislarse de las dificultades de los países de su entorno detrás de la fortaleza de sus fronteras.

Los Veintiocho prefirieron cerrar los ojos e intentaron engañarse a sí mismos presentando el problema como un fenómeno puntual fruto de la acción de las mafias del tráfico de inmigrantes, como si la UE no viviera rodeada de estados fallidos y semifallidos, de conflictos, regímenes autoritarios, persecuciones y miseria, en África, Oriente Próximo y en los propios Balcanes europeos.

Incluso ahora que es evidente la amplitud del movimiento de poblaciones en marcha, los Veintiocho siguen abordando la crisis como si fuera una emergencia puntual, sin escuchar la advertencia de la ministra europea de Asuntos Exteriores, Federica Mogherini.

«Esta situación no es algo que empiece un día y acabe otro. Está aquí para quedarse y cuanto antes lo aceptemos, política y psicológicamente, más pronto podremos ser capaces de responder y gestionarla de una forma efectiva», subrayó Mogherini tras la fallida reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE el 5 de septiembre.

La UE carece de un sistema efectivo para hacer frente a las demandas de asilo y a la inmigración irregular. Las dotaciones presupuestarias nacionales y europeas son insuficientes ante los cientos de miles de personas que llegan cada año a la UE. Los países carecen de infraestructuras adecuadas de acogida y alojamiento y los servicios sociales han quedado reducidos a la mínima expresión tras años de recortes en aplicación de la política de austeridad. Los servicios educativos y sanitarios también están al límite y no se han preparado para el reto que suponen las sucesivas olas de refugiados e inmigrantes que están llegando.

El sistema europeo de asilo regulado por los acuerdos de Dublín ha demostrado que no funciona y la UE carece de un mecanismo eficaz para atender las demandas de asilo e inmigración fuera de su territorio.

La directiva europea del 2001 sobre las normas mínimas de protección temporal para las personas desplazadas ni siquiera se ha estrenado pese a sus 14 años de vigencia, como recuerda Raquel Prado, profesora de Derecho de la Universidad de Barcelona y especialista en inmigración. La directiva establece en su artículo 5 que para que pueda aplicarse hace falta una decisión de los líderes de la UE por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión Europea. Este trámite no se ha realizado por falta de voluntad política.

La Comisión Europea acaba de proponer corriendo repartir por cuotas de 120.000 refugiados entre los países de la UE, que se suma a los 40.000 ya propuestos en mayo. Pero esas cifras ya se han quedado cortas y chocan con la oposición frontal de Dinamarca, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Rumanía. En esta ocasión, España ha asegurado que aceptará la cifra propuesta, porque el presidente Mariano Rajoy necesita congraciarse con la cancillera alemana, Angela Merkel, para contar con su apoyo en el pulso con el soberanismo catalán.

Sin dotaciones presupuestarias suficientes y sin un adecuado reforzamiento de los servicios educativos, sanitarios y sociales nacionales existe el peligro de que la llegada de refugiados e inmigrantes sea utilizada por los movimientos ultraderechistas para avivar sentimientos xenófobos, máxime cuando los ciudadanos autóctonos han visto recortadas sus prestaciones sociales por la política de ajustes.

Sin recursos y una gestión adecuada, surgirán nuevos guetos y la integración de esas personas en el país de acogida puede resultar inviable, lo que a su vez dará nuevos argumentos a los partidos antiinmigrantes, que ya cuentan con una amplia presencia en la mayoría de países de la UE.

La construcción de muros y la militarización de fronteras, como está realizando Hungría, solo agravarán el problema y puede acabar en un baño de sangre y el colapso de los estados más débiles sometidos a la presión migratoria, como Grecia, Macedonia o incluso Serbia.