EN CLAVE EUROPEA

Servicios públicos en peligro

El Tratado TiSA que negocia Bruselas privará a los países de capacidad legislativa

ELISEO OLIVERAS

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Junto al polémico Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión  (TTIP) con EEUU, la Comisión Europea está negociando mucho más en secreto un tratado de liberalización radical de los servicios: el Tratado de Comercio de Servicios (TiSA) que afecta a 50 países. Este tratado tiene consecuencias aún más negativas para los europeos y privará a los países de su capacidad para legislar y proteger los derechos de los ciudadanos y los trabajadores. Los textos filtrados hasta ahora ponen en peligro los servicios públicos, diluyen las regulaciones bancarias y medioambientales y perjudican a las pequeñas empresas nacionales.

El Parlamento Europeo volvió a reclamar a la Comisión Europea el 18 de enero una "protección total" de los servicios públicos, los derechos de los trabajadores y consumidores y la capacidad legislativa de los países. "Nuestros servicios públicos deben quedar inequívocamente excluidos, nuestro derecho a legislar totalmente preservado y nuestros derechos fundamentales y laborales salvaguardados", señaló la ponente del texto adoptado en el comité de comercio internacional, la eurodiputada conservadora Viviane Reding.

El Parlamento Europeo estima que las cláusulas planteadas por la Comisión Europea son insuficientes y dejan muchos agujeros que socavan los servicios públicos, los derechos ciudadanos y la capacidad futura de legislar, incluso en los servicios financieros, responsables de la crisis que aún sufre Europa.

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Los textos del TiSA filtrados, por ejemplo, limitan la capacidad de aplicar medidas de regulación macroprudencial financiera a entidades extranjeras, promueven armonizar a la baja las regulaciones, prohíben los controles de capitales en las crisis financieras, obligan a permitir la venta de cualquier producto financiero actual o futuro e impiden adoptar normas contrarias a los principios desreguladores del tratado.

La Eurocámara reclama una "exclusión clara y explícita" del tratado de todos los servicios públicos y de interés general, incluidos los suministros, la sanidad, la educación, la protección social, la seguridad social y los audiovisuales. Además exige cláusulas que preserven de forma "legalmente segura" el derecho de la UE y sus estados a mantener, adoptar y modificar cualquier regulación de interés público y de protección de datos personales. Como en el caso del tratado comercial con EEUU, el Parlamento Europeo está excluido de la negociación, pero la futura entrada en vigor de cada uno de esos tratados está supeditada a su voto favorable.

A INICIATIVA DE EEUU Y LAS GRANDES CORPORACIONES

La negociación del tratado TiSA se inició en el 2013 a iniciativa de EEUU y las grandes corporaciones. En la negociación participan 50 países y se desarrolla al margen de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y del Tratado General sobre Aranceles y Comercio (GATT). Además de los 28 países de la UE, los otros son: EEUU, Japón, Canadá, Noruega, Suiza, Liechtenstein, Islandia, Turquía, Israel, Pakistán, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Australia, Nueva Zelanda, Mauricio, México, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Panamá. Uruguay y Paraguay han abandonado la negociación y EEUU ha vetado a China.

El objetivo del TiSA es liberalizar todos los servicios y promover la privatización de los servicios públicos. Junto al tratado comercial con EEUU, pretende una desregulación masiva en todos los ámbitos y desmantelar de golpe normativas que protegen a los ciudadanos y a los trabajadores, como denuncian los sindicatos y multitud de organizaciones sociales.

POSICIÓN DOMINANTE DE LAS MULTINACIONALES

El Tratado TiSA suprimirá los límites a la participación extranjera en empresas nacionales y dará a las grandes multinacionales una posición dominante en los contratos públicos, en detrimento de las empresas locales y entidades sociales.

La estructura del tratado facilita la privatización de los servicios públicos, ya que todos los servicios quedan liberalizados a menos que figuren detallados en una lista de exclusiones nacionales. El tratado incluye unas cláusulas que prohíben a los estados adoptar en el futuro nuevas regulaciones restrictivas, reintroducir barreras comerciales o renacionalizar servicios privatizados. Las disposiciones de liberalización total se aplicarán además a "los nuevos servicios" que aún no existen.

El tratado TiSA también permitirá a las compañías enviar su propio personal a los países donde presten sus servicios. Por el contrario, el tratado no incluye disposiciones contra la evasión fiscal, ni unas regulaciones financieras básicas, como denuncia el senador australiano Peter Whish-Wilson.