La rutina de morir en México

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de México tiene abiertas tres líneas de investigación en los asesinatos del fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista social Nadia Vera y otras tres mujeres: robo, feminicidio o crimen político. Para los compañeros de los asesinados sobran las dos primeras. Son una cortina de humo. Todos saben qué ha pasado. No es intuición, es experiencia: en los últimos 15 años han muerto en México más periodistas que en Vietnam.

Tras enredarse en las primeros momentos en la idea del robo, la Procuraduría se ha apresurado a anunciar una detención. Se trata de un individuo que había pasado 10 años en la cárcel por violación. Él niega los crímenes, pero acepta que robó en el apartamento. Sería uno de los tres tipos que aparecen en el vídeo grabado a cierta distancia por una cámara de seguridad. Pero el asunto va más lejos de los autores materiales, es necesario saber quién mandó matar.

Rubén Espinosa se refugió hace dos meses en el Distrito Federal con la esperanza de diluirse en una megaciudad y salvar la vida después de las amenazas recibidas en Veracruz, donde trabajaba para la revista Proceso, uno de los medios más combativos, libres y rigurosos del país. Espinosa había comentado a sus amigos en los últimos días que se sentía vigilado.

Desde que Javier Duarte Ochoa, del PRI, asumió la gobernaduría de Veracruz en 2001 han muerto o desaparecido 13 periodistas. Nadia Vera, asesinada en el mismo ataque, le había responsabilizado en una entrevista de su seguridad. Dos días antes de este quíntuple asesinato, Duarte dijo a un grupo de informadores locales que debían ser buenos, por ellos y por sus familias. Quizá sea una casualidad en un país donde no existen las casualidades.

En la noche del 26 al 27 de septiembre se cumplirá un año de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Aunque es evidente la vinculación entre política, narcotráfico y fuerzas policiales en Iguala, el principal laboratorio de droga del Estado de Guerrero, la Procuraduría General de la República (PGR) ha dedicado más esfuerzos y medios a ocultar la verdad que a detener a los asesinos.

Lo ocurrido hace casi un año en Iguala saltó a los medios porque se trataba de 43 estudiantes de una escuela con una gran tradición de lucha social y política, pero en México todos los días desaparecen y mueren violentamente personas que no alcanzan los titulares. Desaparecer y morir es una rutina en un país en el que la impunidad en los crímenes supera al 90%.

La narcopolítica

Los desaparecidos forzosos nunca regresan a sus casas. No hay espacio para la esperanza. El desaparecido es un muerto aplazado. Si hay suerte se hallarán restos en alguna fosa común. Desde el 2006 han desaparecido cerca de 25.000 personas. A unos los desaparece el narco, a otros la policía local o federal, o el Ejército, la única institución del Estado que conserva una brizna de prestigio. El anterior presidente, Felipe Calderón, azuzado por EEUU, se lanzó a una guerra contra el narcotráfico para la que ni él ni el país estaban preparados.

No solo están amenazados los periodistas, los fotógrafos y los activistas; más de 1.900 mujeres y niñas han sido asesinadas de forma violenta en los últimos años. México es el país con mayor tasa de feminicidios del mundo: 3,2 por cada 100.000 mujeres. La mitad de la violencia contra la mujeres se concentra en 25 países; los 10 primeros son latinoamericanos.

¿Quién resuelve los crímenes en México? ¿Los mismos que llevan el caso de Ayotzinapa? La investigación chapucera de la PGR, que trataba de lograr resultados inmediatos manipulando las pruebas, fue desmontada desde el rigor del Equipo Argentino de Antropología Forense, que entró en acción por petición de las madres de los estudiantes. Ellas no se fían de sus autoridades. ¿Sucede lo mismo ahora con el violador detenido?

La guerra contra el narcotráfico ha sido un fracaso. No ha logrado solucionar el problema, solo lo ha multiplicado. De dos cárteles dominantes, el de Sinaloa del Chapo Guzmán y el del Golfo, se ha pasado a cientos de cárteles y grupos y subgrupos que han terminado por corromper las entrañas del Estado en todos sus niveles. Ya no funciona como antes del 2006, los narcos por un lado y los políticos por otro; ahora todo está mezclado. Es la narcopolítica. Parece Colombia hace 20 años y, en las amplias zonas donde no existe el Estado, Somalia. A pesar de todo, aún queda una esperanza: una sociedad civil combativa y preparada dispuesta a voltear las cosas. Unos creen en las revoluciones; otros, en los milagros. Veremos quién llega primero.