La renta garantizada de ciudadanía
Guillem López Casasnovas
Catedrático de Economía (UPF). Exconsejero del Banco de España.
GUILLEM LÓPEZ CASASNOVAS
Hay tanta indignación con la manera de resolver la crisis que puede llegarse al extremo de justificar algunas reacciones y propuestas para cambiar la política social. Hay que comprenderlo, aunque algunas rozan el disparate. Es el caso de la llamada renta garantizada de ciudadanía, al menos en la versión que recoge la propuesta de iniciativa popular que se tramita en el Parlament. Me centro en esta, aunque hay otra más articulada de la xarxa de renda bàsica, que también merece crítica.
Cuando se habla de renta básica se hace referencia a un derecho universal, para todos, incluídos los ricos y sus familias, que aporte suficiencia para llevar una vida digna, garantizar lo que sea necesario, de acuerdo con el parecer de cada gobierno. Este ingreso no debe confundirse, por tanto, con el de la renta mínima de suficiencia o de último recurso para quienes no tienen ingresos. En la propuesta del Parlament se utiliza la liturgia de la renta básica para regular la mínima.
Cabe remarcar las incoherencias y dificultades operativas de la propuesta en discusión. Dos ejemplos. Uno: los controles para evitar manipulaciones (la descripción de los extremos, en cada caso, son a cargo del potencial beneficiario, incluido el patrimonio). Ello puede provocar abusos en direcciones indeseadas, como si debe premiarse la monoparentalidad. Dos. Se otorga a cambio de nada: ni trabajo comunitario, ni exigencia de formación, ni búsqueda de empleo.
Además, la totalidad del gasto a financiar es un presupuesto abierto, no procede de un fondo de contingencia limitado. Y, ya puestos, se pretende que quede incólume frente a restricciones presupuestarias.
La propuesta pone requisitos para ser elegido complejos --¿sólo ciudadanos de derecho? ¿Con cierta antigüedad? ¿Con pasaporte comunitario?- que la alejan de la supuesta universalidad. Si fuera, en efecto, una renta básica, de sus importes habría que detraer el resto de prestaciones en efectivo que se reciban hasta aquel momento si no superala renta garantizada. Es el caso de becas, ayudas para vivienda y familiares, LISMI, pensiones de orfandad y ayudas contra la exclusión social. Otras propuestas de renta básica incluso restan las pensiones, lo que es de dudosa legalidad, al menos en la parte contributiva.
Articular una verdadera renta básica es muy complejo, porque supone que a unos -los más pobres, ya beneficiarios—se les retiran muchas ayudas, mientras que se confía en recuperar el dinero que a los ricos les cae del cielo a través de su declaración de IRPF.
Para hacer posible una verdadera financiación de la renta garantizada, hay que incorporar todas las cantidades en las bases fiscales, eliminar todas las deducciones y aplicar un tipo medio estimado del 50%. Se asume que además no incentiva la ocultación de rentas y que Catalunya ingresa el 100% de la recaudación. Por contra, si se entiende como un complemento de mínimos, estaríamos hablando de cifras que no superarían el 2% del PIB catalán, lo que supone complementar en 1.000 millones el actual PIRMI catalán, aunque con una operativa dificil.
La propuesta en debate mezcla la grandilocuencia de la renta básica de ciudadanía con la lógica de la renta mínima, no de ciudadanía sino de pobreza; y no de inserción, ya que no va acompañada de la exigencia de buscar trabajo o de formarse. Es un camino que yo no sugeriría a ningún gobierno responsable, por más necesitados que estemos de dar un giro a nuestra política social.
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