Refundación universitaria

La propuesta de Ciudadanos para la universidad pública acierta en apuntar a algunos de los principales problemas crónicos de nuestra universidad: gobernanza inadecuada, financiación incoherente y autonomía inexistente. Nuestra gobernanza es inadecuada porque es propia de estructuras medievales tamizadas por el franquismo y actualizadas en la transición, que se basa en un modelo corporativista en el que la capacidad de adaptación a nuevos contextos es prácticamente nula. Un modelo en el que el poder del rector está laminado por órganos de carácter estamental; en el que cada cual cree que la universidad es suya, no de todos; en el que la figura del Consejo Social remite a un órgano sin capacidad real de auténtica supervisión.

La financiación es incoherente por cuanto no es adecuada a los objetivos de la institución: generar y suministrar conocimiento a la sociedad que la sustenta. El modelo de financiación universitaria se basa en la distorsión de lo que significa el servicio público: como si el sector público, por el solo hecho de serlo, se financiara con cargo a algo distinto al bolsillo de todos y pudiera garantizar, sin más, los más altos niveles de eficiencia. Un sector público dónde el déficit acumulado es, simplemente, un dato contable.

La autonomía universitaria en la prestación del servicio es inexistente en la medida en que las universidades no pueden redefinir sus plantillas docentes para ganar en eficiencia, no pueden fijar sus planes de estudios para distinguirse de sus competidoras y tampoco pueden escoger a sus estudiantes. Prueba de ello es la escasa capacidad de las pruebas selectivas de acceso para dotar a las universidades de mejores alumnos.

La propuesta presentada el mes pasado por Albert Rivera y Luis Garicano, sin embargo, debiera incorporar algunos otros elementos básicos que suelen quedar en el tintero: si la sociedad española realmente aspira a una universidad mejor debe implicarse en ello. Lo contrario es prueba obvia de que tenemos la universidad que queremos y nos merecemos. Es imprescindible una mayor implicación de la sociedad, hoy ajena realmente a la educación superior, mediante, por ejemplo, unos Consejos Sociales que sean los auténticos garantes e impulsores de la misma. A partir de ello debería ser posible establecer puentes para una real conexión de la universidad con la sociedad y las empresas más allá de su exigible implicación económica. No solo mediante la transferencia de tecnología, sino también mediante su implicación en la actividad docente e investigadora: adaptando la formación continua a sus necesidades, estableciendo  capacidades docentes de los profesionales de las empresas,y, sobretodo, considerando verdaderamente la Formación Profesional Superior como parte de la Educación Superior, lo que redundaría además en la descongestión de los estudios de grado.

Se requiere también actualizar el concepto de universidad pública a la luz de la realidad del siglo XXI. Hoy puede ser considerado público todo aquello que tiene por objeto la satisfacción del interés público, con independencia de su estatus jurídico público o privado. Lo público debe ser tributario de una idea social (lo público es de la sociedad); sin embargo nuestro concepto de lo público todavía hoy se asimila a las estructuras burocráticas (lo público es de la Administración). Lo público debe poder ser gestionado obviamente desde estructuras administrativas, pero también desde fundaciones, fideicomisos, asociaciones, cooperativas e incluso empresas mercantiles de carácter social. Lo público no puede ser monopolio de la burocracia: lo público es de la sociedad civil. La universidad no pertenece a sus burocracias académicas y de gestión: pertenece a la sociedad, y sin embargo esta evidencia, hasta hoy, no ha hallado reflejo suficiente en la universidad.

Ciertamente, la "reforma universitaria" no es posible: la práctica de los últimos 40 años lo demuestra. Las sucesivas reformas legislativas se han efectuado al son de las mayorías y equilibrios parlamentarios, de espaldas a la sociedad y al servicio de los intereses partidistas y estamentales de las burocracias de distinto pelaje. Si queremos una universidad a la altura de los países avanzados es preciso un pacto social de refundación de la universidad en el que además de los estamentos universitarios participe de modo decisivo su propietario: la sociedad. Un pacto social que implique a todos, que excluya la educación superior de la trinchera partidista y que establezca una agenda intergeneracional para la refundación de la universidad puesto que esta solo es posible en un horizonte temporal que supera los mandatos parlamentarios y que debe comprometer a varias generaciones de ciudadanos.