Reformas que empeoran las cosas

¿Cuál debe ser el criterio para medir los resultados de una reforma económica que estén pensando llevar a cabo los gobiernos o que propongan los asesores de políticas y los grupos de interés empresariales, como las que acaban de sugerir los empresarios que forman el Consejo para la Competitividad?

En mi opinión, la vara de medir es la desigualdad. Si una reforma reduce la desigualdad social, es una buena reforma. Si la empeora, es mala. No hay vuelta de hoja. Si le dicen otra cosa, le están dando gato por liebre. Como ahora diré, esta vara de medir tiene sólidos fundamentos en el análisis económico.

Algunas de las reformas que se han llevado a cabo estos últimos años han provocado un aumento considerable de la desigualdad y de la pobreza. Según las estadísticas oficiales europeas, España es uno de los dos países de la Unión Europea donde más ha aumentado la desigualdad estos últimos cinco años. Algo se habrá hecho mal cuando los resultados son tan diferentes.

No pueden sorprender el malestar, la crisis social y la desafección con los partidos políticos tradicionales que estamos viendo. La gente es, en general, seria, trabajadora y abnegada. Comprende que hay que hacer esfuerzos para salir de esta situación. Pero, enfrentada a un deterioro persistente de sus condiciones de vida y, lo que es peor, de sus expectativas de futuro, pide más solidaridad en el reparto de los costes de la crisis. Por eso, cuando oye hablar de nuevas reformas intuye -hay que reconocer que con alguna razón- que sus condiciones de vida y sus expectativas van a empeorar aún más.

Sin embargo, a nuestros gobiernos, y a muchos asesores de políticas, no parecen importarles, o no tienen en cuenta, estos efectos de las reformas sobre la desigualdad y la pérdida de oportunidades para los más débiles. Para mí, este comportamiento es intrigante.

¿Por qué los gobiernos imponen reformas que empeoran las cosas para una gran parte de la sociedad? ¿Acaso son perversos o están al servicio de intereses creados? No dudo de que algo de eso puede haber. Pero en la mayoría de los casos no es así. Actúan con buena intención. Lo que sucede es que son malos reformadores. Solo tienen en cuenta los efectos directos de las reformas sobre cosas como la competitividad, pero no toman en cuenta los efectos secundarios que esa reforma pueda tener sobre la desigualdad y, por tanto, sobre la eficiencia económica.

Sin embargo, la teoría económica señala que para medir los resultados de las reformas económicas hay que utilizar el criterio del bienestar social. Si una reforma o una política mejora el bienestar de la sociedad en su conjunto, es un cambio positivo. Si lo empeora, no lo es. Eso es lo que enseñamos en las facultades de economía.

El problema es que muchos economistas y asesores de políticas son personas que en cuanto ven que en alguna actividad o sector de la economía existe un fallo del mercado o una distorsión política, inmediatamente recomiendan una reforma para corregir ese fallo. Creen que si es posible llevar a cabo esa reforma, los gobiernos deben hacerlo.

Sin embargo, por lo que acabo de decir, el análisis de la conveniencia o idoneidad de una reforma consta de dos pasos. El primero es comprobar si esa reforma mejora el funcionamiento y la competitividad de ese mercado concreto. El segundo paso es ver si esa ganancia de competitividad se reparte equitativamente entre los grupos sociales o si, por el contrario, mejora la posición de un grupo en perjuicio de otros más débiles. Por decirlo en términos matemáticos, hay que calcular no solo la primera derivada de las reformas económicas, sino también la segunda. Es decir, los efectos sobre el bienestar social y el equilibrio político que existe en la sociedad.

Hay que ser muy cuidadosos con los efectos políticos que tienen las reformas económicas que cambian la distribución de la renta en la sociedad provocando mayor desigualdad. En esos casos, políticas económicas bien intencionadas pueden alterar el equilibrio a favor de unos grupos frente a otros, con efectos perniciosos para la cohesión social y política, y a la postre para la eficiencia económica del sistema.

Los defensores de la economía de mercado deben recordar que el núcleo moral que legitima socialmente a la libre empresa, es decir, al capitalismo, no es la competitividad ni la eficiencia de los mercados. Es el bienestar social y las oportunidades que genera, especialmente para los que más las necesitan. Lo ha sido así desde Adam Smith. Y lo sigue siendo en la mejor tradición actual de la economía.