El referéndum onanista

Con el anuncio de una licitación para que las empresas puedan participar en el suministro de 8.000 urnas destinadas a procesos electorales de todo tipo, el Govern ha querido sacar pecho y animar a la decaída parroquia independentista que empezaba a dudar de la voluntad real de avanzar en la celebración del cacareado referéndum. Pero las cosas puede que no sean lo que parecen.

Este concurso público, sacado de la chistera, es una prueba más de la improvisación con la que actúa el Ejecutivo catalán. La fórmula es la misma que en marzo se utilizó para iniciar la compra de sobres, papeletas y manuales para las mesas electorales. La única diferencia es que entonces el concurso concretaba que era para la celebración de elecciones al Parlament. Tenía que especificarse la finalidad porque la papelería es material de un solo uso, mientras las urnas de metacrilato han de servir para otras muchas convocatorias.  

Este es todo el misterio que permite a Oriol Junqueras construir su discurso según el cual el Govern se ha conjurado para llevar a cabo el referéndum. Puede que haya gato encerrado, tal vez si algún proveedor está dispuesto a saltarse la prohibición del Tribunal Constitucional (TC), pero todavía no hay delito, aparte del despilfarro económico que significa comprar unas urnas cuando siempre las cedía el Ministerio del Interior.

UN ACTO ILEGAL

Algunos acusaban al líder de ERC, particularmente desde el PDECat, de no atreverse a comprarlas. Por ahora más bien parece que ha encontrado una salida para no cometer un delito de malversación. En cambio, sus declaraciones sí podrían servir para probar que se prepara un acto ilegal y, consecuentemente, tomar medidas judiciales cautelares. Cuanto antes se haga, mejor, porque lo que está claro es que el separatismo irá todo lo lejos que el Estado le permita. Y lo hará sin importarle tampoco lo que exige el Consejo de Europa para celebrar referéndums de independencia.

Lo ha explicado en diversos medios el profesor Josep M. Castellà, el único catalán miembro de la Comisión de Venecia, cuyas recomendaciones el soberanismo invoca de forma tergiversada. Este organismo dice que un referéndum solo se puede convocar de acuerdo con las leyes constitucionales del Estado, cosa que una iniciativa unilateral como lo que se pretende llevar a cabo aquí es su antítesis.

Y que debe hacerse atendiendo a una serie de criterios que en Catalunya tampoco se cumplen: amplio acuerdo entre las fuerzas políticas, incluida la oposición; convocatoria del referéndum en tiempo razonable y exigencia de una mayoría cualificada para legitimar el resultado; neutralidad del Gobierno y de los medios públicos, y supervisión del proceso electoral por parte de autoridades independientes.

SIN AVALES

Todo lo contrario de lo que pretende hacer el Govern y la mayoría secesionista del Parlament, que practica el onanismo político. Esto es lo que de verdad dicen en Europa de un referéndum que, de celebrarse, no tendría ningún aval. Porque no solo sería ilegal, y fracturaría de manera indeseable la sociedad catalana, sino que pretende realizarse sin garantías democráticas.