Referéndum acordado

Ines Arrimadas en una sesion de control del govern en el Parlament

Ines Arrimadas en una sesion de control del govern en el Parlament / periodico

ALBERT SÁEZ

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Del independentismo se habla mucho, aquí y allí, pero casi siempre para decir lo mismo. Consiguen con ello que un tema de la máxima importancia se convierta en cansino. Cosas de la era de la sobreinformación, o mejor dicho, de la sobreconversación. Entre tanto ruido queda meridianamente claro que una amplia mayoría de los ciudadanos que viven y trabajan en Catalunya serían favorables a resolver este asunto en un referéndum. Las encuestas no permiten determinar en qué condiciones. Eso es cosa de la política que acumula cada día más tareas pendientes en este litigio. Lo más curioso del momento es que unos y otros, cuando hablan de un referéndum acordado lo entienden única y exclusivamente como pactado con el Estado. Seguramente eso es imprescindible en casi todos los escenarios. Pero, ¿no sería una condición previa que fuera acordado entre todos los catalanes? O al menos entre los que consideran que la salida está en las urnas y no en los juzgados. Independentistas y no independentistas se empeñan en subrogar la representación de los que quieren votar que "no" en las instituciones del Estado. Resulta, como mínimo, curioso que alguien pretenda conseguir algún tipo de reconocimiento internacional del 1-O sin que los partidarios del "no" acudan a votar. Y resulta diría que impensable que vayan a votar si no conocen y están de acuerdo en las condiciones: censo, autoridad electoral, campaña institucional, consecuencias, etc. 

La tramitación de la ley del referéndum, que según todos los indicios se iniciará a mediados de agosto, es la última oportunidad de explorar este tipo de acuerdo. Es muy fácil ampararse en la rigidez del Estado y no afrontar el problema de caraJunts pel Sí, la CUP Catalunya en Comú deberían rehuir esta estrategia del avestruz. Si esta ley se tramita finalmente con el reglamento sin reformar, es decir sin desobedecer al Tribunal Constitucional, quedarán pocas excusas para no hacerlo. Sería, sin duda, una manera de desmentir las acusaciones de falta de garantías democráticas sobre el 1-O más eficaz que limitarse a recordar las que faltaron en algunos episodios de la transición y esperar a que las remedien en Madrid.