Una recuperación que llega al PIB pero no a los trabajadores

Una de las noticias del año 2017 fue que se recuperó en España el nivel de riqueza de antes del inicio de la crisis. Costó una década, pero se alcanzó y superó la cifra del producto interior bruto (PIB). No se ha cansado de repetirlo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en todos los foros que ha podido.

Pero esta es solo una parte de la visión de la recuperación económica. En grandes cifras, el país ha mejorado, nadie lo puede negar. Y las empresas, sobre todo las grandes, han recuperado, en su mayoría  la senda de los beneficios. Sin embargo, cuando se baja al detalle, este éxito tiene sus víctimas o sus perjudicados, si se prefiere un término menos duro. Y estos son los trabajadores. Su situación es peor que la que tenían antes de la crisis, tanto en poder adquisitivo como en condiciones laborales y de contrato. 

Una de las formas más didácticas de constatar estas afirmaciones es utilizar los datos del sindicato UGT de Catalunya de una comparativa que realizó entre las cifras del paro registrado en el último mes del 2017 y las de diciembre del 2007. Pese a la reducción anual de 35.627 personas en las listas del paro, todavía hay 152.229 personas más en situación de paro en Catalunya que en diciembre del 2007. Y casi 100.000 afiliados menos a la Seguridad Social. No todo es negativo: se firmaron 326.254 contratos más en todo el año que una década antes. Pero empeoró su calidad: mientras que el total de contratos indefinidos  fue inferior en 74.248 casos a los firmados en el 2007, los temporales firmados superaron en más de 400.000 a los de una década anterior. El resultado de este baile de cifras es que ha aumentado la temporalidad y que el nuevo empleo acaba siendo en muchos casos un reparto entre más personas del que ya existía antes.  Más precariedad, menos tiempo de empleo y salarios más bajos. Un balance bastante pobre para los trabajadores, que contrasta con las grandes cifras de la recuperación económica y el crecimiento del PIB.  

Otro informe del mismo sindicato constataba una de las consecuencias de la política del Gobierno en materia de pensiones: además de dejar casi vacía la hucha de las pensiones, los jubilados no han parado de perder poder adquisitivo desde que se aplica la reforma de este sistema de prestaciones públicas. UGT calcula que desde el 2010, los pensionistas acumulan una pérdida media de poder de compra que llega a los 3.368 euros en este periodo en el caso de Catalunya y a 2.387 en el conjunto de España, por el simple hecho de que las ínfimas subidas de las prestaciones han sido muy inferiores al aumento acumulado del IPC en este periodo. 

Ya va siendo hora de que los sacrificios realizados durante la crisis reviertan en todos los sectores sociales ahora que la economía remonta.