Re-formar los Mossos

Ser policía es difícil, y ejercer su dirección y control político también. Miles de profesionales trabajan a diario para proteger nuestros derechos de un modo ejemplar y merecen nuestro reconocimiento. Es difícil, entre otras cosas, porque incluye el recurso a la violencia legítima cuando se dan las circunstancias que la requieren. Esta violencia está estrictamente regulada para evitar abusos, e intervenida por numerosos controles posteriores: instrumentos penales frente a la comisión de delitos en el ejercicio de funciones policiales, expedientes administrativos disciplinarios frente a conductas antirreglamentarias, control parlamentario a los responsables políticos y, finalmente, un control cívico en las redes sociales y los medios de comunicación.

SIN EMBARGO, estos controles no parecen suficientes. Ejemplos de eso son algunas actuaciones de los Mossos que terminaron en condenas judiciales o que se hallan -demasiadas- sumidas aún en circunstancias nada claras. Casos que ponen en cuestión el buen trabajo policial y sitúan a la policía autonómica a los pies de los caballos ante una opinión pública sensibilizada y unos jueces de instrucción encargados del esclarecimiento de los hechos.

En este estado de cosas, existen dos elementos todavía más alarmantes. El primero, las dificultades para esclarecer los hechos por parte de la cadena de mando policial y las autoridades políticas responsables, incapaces aún -después de varias versiones- de determinar quién disparó las pelotas de goma en los casos de Ester Quintana y de Xavier Vilaró o de establecer un relato veraz de los hechos en torno a la muerte de Juan Andrés Benítez tras su detención en el Raval. ¿Cómo es posible que un cuerpo policial sea incapaz de esclarecer unos hechos que afectan directamente a funcionarios policiales con obligaciones de veracidad y defensa de la ley cuando, entre otras, es su función ocuparse de idéntico cometido respecto del conjunto de ciudadanos en auxilio de la función de instrucción judicial? ¿Cómo es posible que las autoridades políticas responsables no sean capaces de ejercer su autoridad para poner a disposición del juez las pruebas de los hechos con meridiana claridad? ¿Quién está escondiendo a los presuntos autores, cerrando filas corporativas y facilitando versiones contradictorias como si la mejor defensa fuera un buen ataque? ¿Por qué se quiere tachar la crítica ciudadana a algunas actuaciones policiales de abierta hostilidad al cuerpo de los Mossos?

El segundo elemento es la convicción de que el despliegue de los Mossos ha adolecido de un pecado original: las prisas por formar agentes para un despliegue masivo y rápido, que han obligado a bajar el listón de acceso y a dejar en un segundo plano el control de calidad de la formación impartida. Esta, aun siendo un elemento esencial de la calidad del servicio policial prestado, es también un poderoso instrumento de control previo del mismo, sobre todo en las policías democráticas: dime quién controla la formación y te diré cómo es el cuerpo policial.

En el caso de los Mossos la formación corre a cargo del Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), hoy sobredimensionado una vez culminado el despliegue. El control de la formación ha sido excesivamente mediatizado por el cuerpo a través de una estructura de instructores que en la práctica opera como un auténtico sistema de control. La dirección del instituto ha estado (salvo excepciones) en manos de responsables políticos sin experiencia previa en este campo, más preocupados por su silla o por rentabilizar unas instalaciones que por fortalecer el control civil de la formación.

Un modelo como el expuesto solo puede habilitar un cuerpo policial endogámico, que tiene el prietas las filas como un valor en sí mismo y el corporativismo por divisa, donde se progresa esencialmente por antigüedad y fidelidad, en un juego de sillas de mando donde si te mueves no sales en la foto y donde la guinda va a ser que a partir de ahora también la formación policial superior va a ser controlada por el cuerpo mediante un título universitario creado ex profeso para que facilite la promoción interna.

No se alarmen. Re-formar los Mossos no supone su refundación, sino rehacer su formación sobre otras bases: más conectada con la sociedad, con menor dependencia del cuerpo, donde el ISPC no sea una academia con una dirección de cuerpo presente, donde la docencia no se tiña de interés corporativo. Una formación re-formada para que los Mossos quieran y puedan decirnos quién de ellos disparó una bala de goma o infligió malos tratos a un detenido, más aun si ha fallecido, para que el juez pueda dirimir responsabilidades sin que para ello deban dimitir el conseller y su equipo.