Puigdemont no estuvo en S'Agaró

Muchos empresarios creen que el 155 ha sido positivo para evitar quedar fuera de Europa

Carles Puigdemont, en un acto en el Parlamento Europeo en Bruselas, en enero.

Carles Puigdemont, en un acto en el Parlamento Europeo en Bruselas, en enero.

Joan Tapia

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En las jornadas económicas de S'Agaró, que organiza la empresaria y socialista Anna Balletbó, los dirigentes de la Generalitat y de Madrid suelen ser bien acogidos. Hay mucho empresario medio interesado en escuchar al poder en primera fila. Este año hubo más público, quizá porque hay más inquietud, y la incógnita era cómo pasaría la corriente entre la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que iba a S'Agaró por primera vez, y el empresariado catalán. También respecto a Luis de Guindos, pese a que el ministro es un habitual de las jornadas.

Soraya apostó por acudir, en pleno 155, a la provincia más independentista. Y pasó la prueba. Claro que Miquel Valls, el presidente de la Cámara de Barcelona, le allanó el camino con un exhaustivo análisis subrayando que la recuperación económica peligraba porque la seguridad jurídica se había eclipsado por la declaración de independencia. Los datos de octubre eran malos y aunque el 155 había tranquilizado algo los ánimos, la confianza se había roto. Y la prueba es que más de 2.500 empresas habían concluido que les convenía cambiar de domicilio social. Si la tendencia no se detenía…

Los empresarios, al menos los de S'Agaró, no están contra el 155. No fue solo Josep Lluís Bonet el que repitió que Freixenet se había quedado por el 155. El sentimiento general era que las empresas no podían arriesgarse a quedarse ni por un momento fuera de la Unión Europea y que lo ocurrido tras el 6 y 7 de setiembre -la aprobación de las leyes de ruptura- indicaba que la UE, al menos por un periodo indeterminado, no consideraría a Catalunya territorio europeo si proclamaba unilateralmente su independencia.

Carlos Buesa, presidente de Oryzon, farmaceútica con un producto para el tratamiento del alzhéimer, dijo que fueron los primeros en irse porque su empresa no podía prescindir de la supervisión europea. Se habría generado un fuerte riesgo reputacional que ya inquietaba a los accionistas (casi el 50% del capital está en bolsa) y a los bancos que habían concedido créditos para la expansión. Otros empresarios -que venden en España o en mercados exteriores- decían que no habían cambiado el domicilio, pero que sería catastrófico quedarse fuera de la UE. Había temor al boicot -sufrido en parte- pero el gran miedo era que sus clientes creyeran que podían quedarse fuera de la Unión. Conclusión: las empresas necesitan estar en la UE. Y punto.

Puigdemont no podía estar físicamente en S'Agaró. Pero el gran problema es que el último 'president' elegido está desconectado de las inquietudes de las empresas. En unas declaraciones, tras la clausura de S'Agaró, sostenía que la UE está dominada por intereses económicos y abogaba por un referéndum para que los catalanes decidan si quieren seguir en la UE. Populismo puro y duro. Aunque a las 24 horas tuvo que rectificar -en la antigua CDC queda sensatez-, la impresión es que su Gobierno metió la pata porque vivía en su torre de marfil y no acertó a interpretar lo que implica que nadie en Bruselas te quiera recibir.