La prueba de fuego de Colau

La figura del emprendedor es admirada en Catalunya, podríamos decir, como Vicens Vives al hablar de sus gigantes catalanes de la burguesía regeneracionista, de sus capitanes de empresa, que es imprescindible para entender 'nuestro ser colectivo'. Debe ser cierto que este es el arquetipo del buen catalán, porque hasta la alcaldesa Ada Colau, muy alejada de la burguesía en tantas cosas, se preocupa especialmente de los inmigrantes que demuestran su condición de emprendedores en la economía sumergida.

Desde su llegada a la alcaldía, se ha enfrentado con relativa normalidad a la secuencia de contradicciones propias del aterrizaje del activismo en la responsabilidad del gobierno. Ninguna seguramente con la trascendencia del conflicto desencadenado por el comercio minorista de venta ilegal de productos, la mayoría de las veces falsificaciones, que incurre en la competencia desleal y el fraude fiscal. Tal vez esté ante su prueba de fuego para demostrar la capacidad para compaginar la tensión entre la ideología del gobernante y la exigencia de gobernar para todos.

La urgencia social creada por los miles de personas que sobreviven sin expectativas de vida digna, víctimas de las limitaciones de los simpapeles, y la protección exigida por los comerciantes de sus intereses legítimos no tienen solución por la vía de las buenas intenciones. Ni tampoco por el incumplimiento de ordenanzas y menos todavía por traspasar a la ciudadanía la responsabilidad del conflicto, penalizando al cliente de los vendedores ilegales. ¿Tal vez los compradores deben sospechar que en Barcelona se permite la venta sin los permisos correspondientes? Nadie querría vivir en una ciudad abandonada a su suerte. Tampoco en una ciudad que no atendiera los mínimos humanitarios para todos los que viven en ella, sean o no residentes oficiales y sean o no emprendedores ilegales.

DINERO Y PRIORIDADES

Esta es una cuestión de voluntad política, sobretodo de dinero y de prioridades en la gestión del presupuesto municipal, siempre teniendo claro que el objetivo supera el ámbito del ayuntamiento. Los planes de formación ocupacional planteados por el teniente de alcalde Gerardo Pisarello son una opción, ofrecen un horizonte de esperanza para el colectivo, aunque, siendo realistas, lejano e incierto. Pero si el consistorio cree que hay que dedicar más recursos a los planes, es muy libre de hacerlo.

Lo que no parece razonable es afrontar un problema social creando otro, tensionando el sector comercial local por el simple hecho que un grupo de inmigrantes hayan optado por la venta ambulante como medio de supervivencia, incentivados por las redes de ventas ilegales. De haber sido dirigidos al sector del taxi, ¿se toleraría que operaran sin licencia? Tampoco parece prudente atribuir al turismo la culpa del crecimiento del ' para paliar los efectos de la tolerancia practicada hasta ahora. Este argumento más bien confirma la sospecha de otro conflicto no menos grave: la existencia de un prejuicio turístico en el gobierno de una ciudad turística.