Protestar es de mal gusto

Ha escandalizado a algunos que el domingo la alcaldesa Ada Colau, el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los altos cargos de la Generalitat dejaran plantado a Felipe VI para expresar su descontento con las continuadas agresiones a la democracia que se están produciendo en Catalunya (y no solo en Catalunya).

Hay dos razones bien fundadas que explican lo sucedido. En primer lugar, Felipe VI es el jefe y máxima autoridad política del Estado español. En segundo: el 3 de octubre el Rey avaló, en un severo discurso televisado, la violencia policial contra los catalanes que pacífica y democráticamente habían acudido a votar dos días antes. Además, despreció a las víctimas obviándolas olímpicamente.

Aquel día, y también en otros posteriores -este mismo domingo lanzó una velada advertencia a cuento del Mobile World Congress-, el Rey abdicó de Catalunya, amén de desatender la función de arbitraje y moderación que la Constitución (artículo 56) le encomienda expresamente. ¡Qué diferencia con el respeto y escrupulosa neutralidad que mantuvo la reina Isabel II ante el referéndum en Escocia!

El gobierno español y los aparatos del Estado parecen estar convencidos de que pueden hacer lo que les dé la gana, puesto que entienden que el independentismo y con él toda Catalunya han sido derrotados. Ensoberbecidos, se escandalizan teatralmente y lanzan nuevas amenazas ante cualquier denuncia de los abusos que se producen. Un buen ejemplo es la reacción del ministro de Justicia, Rafael Catalá, a las palabras del presidente del Parlament referidas a la existencia de presos políticos en España. Catalá, entrevistado por este periódico, apuntó que cuando se dicen cosas como esa "se está haciendo un daño gravísimo a la democracia y a la sociedad". El problema es que se digan. 

El ministro, tan sensible, según sus declaraciones, a los daños que pueda sufrir la democracia, debiera explicar, por ejemplo, qué diablos hace su ministerio persiguiendo al mecánico de Reus por un delito de odio por -atención- no haber querido reparar el coche particular de una policía nacional. Igualmente, se pretende juzgar al concejal de Sant Joan de Vilatorrada por... ¡posar con una nariz de payaso a lado de un guardia civil! Las protestas de ciudadanos de a pie, como el mecánico de Reus o los que abuchearon sonoramente al Rey en Barcelona, no podrán ser acalladas. Tampoco las de un buen número de representantes institucionales, sean Colau, Torrent u otros. Denunciar la situación anómala es no solo un deber para con los catalanes, sino también con la democracia.

Hay quien ve de mal gusto y una perfecta insolencia que los catalanes denuncien la represión, lo que les están haciendo. Exigen que todos callen y se inclinen servilmente, como, lamentablemente, hacen algunos. Quisieran sin duda poder silenciarlos al estilo de lo que se ha hecho en ARCO con la obra de Santiago SierraARCOSantiago Sierra o, incluso, condenarlos a prisión como al rapero ValtonycValtonyc por sus provocadoras letras (al pobre le han caído tres años y medio, nada menos).