Propiedad privada

A partir del desalojo del local ocupado en Gràcia y de todos los disturbios que se han derivado ha habido mucho revuelo, pero a menudo demasiado centrado en debates paralelos sin atacar el fondo de la cuestión. El modelo policial que impera en Catalunya no es un asunto menor, ciertamente. En cambio, que un diputado de la CUP tenga un determinado número de propiedades ya me parece más secundario y solo útil cara al cotilleo. Ahora bien, ni lo uno ni lo otro son el 'quid' de la cuestión, que no es otro que la existencia de la propiedad privada.

A veces parece que la izquierda política se sienta incómoda defendiendo abiertamente su existencia, como si hablando de ella pareciera que se alinea con los ricos y poderosos. Mirando la historia de Catalunya pienso que hay dos formas de relacionarse desde la izquierda con la propiedad privada. Por un lado, la voluntad de Macià de proveer a los catalanes de 'la caseta i l'hortet'. Por otro, los hechos de La Fatarella (1937) cuando campesinos representados por ERC, UGT, PSUC y Unió de Rebassaires se negaron a que sus tierras fueran colectivizadas por CNT-FAI y muchos fueron asesinados por los anarquistas.

La defensa de la propiedad privada forma parte de la lucha contra la arbitrariedad del totalitarismo y ha sido un acicate para el progreso económico y, al mismo tiempo, un reducto de libertad que evita que el poder del Estado lo cope todo. De la propiedad, sin embargo, se derivan responsabilidades y las izquierdas han de trabajar para su cumplimiento y aumentarlas para fomentar la redistribución. Buen ejemplo de ello es la ley del impuesto sobre viviendas vacías desgraciadamente suspendida por el Tribunal Constitucional que sancionaba a los grandes propietarios que hacen uso especulativo de la vivienda. Una ley que habría sido más útil para los trabajadores que el 'sálvese quien pueda' e ir reventando cerraduras y creando disturbios.