EL RETO DE LA DIADA

Progreso nacional y social, inseparables

El Govern debe sumar las máximas voluntades y un apoyo social mayoritario para el pacto fiscal

Progreso nacional y social, inseparables_MEDIA_2

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JOAN CARLES GALLEGO

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Cuando los malestares materiales de una sociedad se concretan en la dura realidad del paro y las bolsas de exclusión social, la demanda de un nuevo modelo de financiación puede ser una palanca para cambiar las absurdas políticas que lo alimentan. El 11 de septiembre las calles expresarán muchos y diversos malestares y reivindicaciones, desde la ruptura del estrecho marco que limita el autogobierno de Catalunya a la exigencia del pacto fiscal aprobado por el Parlament y que supere un déficit fiscal histórico que menoscaba la competitividad de la economía catalana y debilita su Estado del bienestar. Pero también llenará la calle la campañaYo quiero decidir, por la Catalunya socialque CCOO y otras organizaciones sociales y sindicales agrupadas en la Plataforma Prou Retallades impulsamos para celebrar una consulta ciudadana que emplace al Govern de Catalunya a acabar con la política de recortes.

PROGRESO nacional y progreso social son inseparables. En CCOO apostamos por avanzar en el autogobierno y reclamamos una financiación más justa, pero también denunciamos las políticas de recortes que lesionan los derechos sociales y nacionales, hoy en retroceso, de la mayoría del pueblo de Catalunya. El actual modelo de financiación dota a Catalunya de un porcentaje de ingresos insuficientes en relación con el gasto que debe gestionarse de acuerdo con sus competencias. Por eso reclamamos un concierto económico solidario que garantice de forma más justa la suficiencia financiera de la Generalitat y contribuya a la solidaridad interterritorial para favorecer la convergencia real sin que eso vaya en detrimento del progreso nacional y social de Catalunya y no subvierta el principio de ordinalidad.

La Generalitat debe disponer de una agencia propia que recaude, gestione y liquide todos los impuestos que pagamos los ciudadanos de Catalunya y se coordine con la del Estado en las tareas de inspección, para luchar contra el fraude fiscal. Pero de nada serviría cambiar el modelo si después el Govern de la Generalitat baja los tributos a los más ricos o tenemos una recaudación menor como consecuencia de las políticas desfiscalizadoras que propugnan los sectores neoliberales y practica la propia Generalitat.

No es la mejor situación política para abordar la negociación entre Catalunya y España. Las posiciones recentralizadoras y las políticas neoliberales dominantes en Catalunya y España son contrarias a mantener un modelo social construido sobre la provisión de bienes y servicios públicos. Se quiere hacer de la sociedad una organización mercantil, y de los servicios públicos, un negocio privado. Quien quiere debilitar a los poderes públicos favorece el desmontaje de los marcos competenciales autonómicos que dan respuesta pública a las demandas sociales. Por todo eso, el fracaso en la negociación del pacto fiscal puede poner en peligro la profundización en el autogobierno. El Govern de la Generalitat debe liderar el proceso negociador y sumar las máximas voluntades, adoptando compromisos claros para lograr un apoyo social mayoritario.

El creciente sentimiento de malestar social puede alimentar diferentes alternativas y soluciones si fracasa la negociación. Una actitud cerrada por parte del poder central se añadiría a la lógica iniciada con el debate estatutario, que nos ha llevado a la sentencia del Tribunal Constitucional y a los posicionamientos sobre la lengua o a la descalificación tertuliana en medios de la derecha extrema. Una lógica que alimenta la voluntad de reafirmación nacional y puede situar la independencia como horizonte probable. Pero hoy, en un mundo global e interdependiente no se pueden avivar miedos ni demonios hacia las diferentes alternativas para hacer avanzar los derechos nacionales o para superar las insuficiencias en el encaje Catalunya-España. La solución debe situarse en el terreno de la política y la democracia, superando la lógica reduccionista que lo fía todo a la economía o al poder de los mercados para determinar la organización social de la convivencia.

Desde CCOO siempre hemos defendido el derecho a la autodeterminación, entendido como un derecho democrático a decidir, a expresar libremente por parte de la ciudadanía la forma en que quiere resolver posibles disyuntivas, poniendo en marcha procesos de consulta ciudadana para discernir entre las propuestas existentes cuál es la mejor opción.

EN ESTE MARCO, una organización social debe promover la máxima participación y debe favorecer la libre expresión de la ciudadanía, pero desde la racionalidad del debate de posiciones y soluciones, no desde los miedos y las intransigencias. El día siguiente de una posible consulta, CCOO, como sindicato nacional y de clase, seguirá realizando su función: organizar trabajadores en activo, en paro o pensionistas para mejorar las condiciones de trabajo en la empresa y las condiciones de vida en la sociedad, y trabajando solidariamente con el sindicalismo de todos los lugares para combatir la injusticia y la explotación. Secretario general de CCOO de Catalunya.