La posverdad de las pensiones y otros mitos

El diccionario de Oxford eligió la posverdad como la palabra del año del 2016. Nada nuevo. En España, desde hace más de 30 años, todos los gobiernos, desde el primero de Felipe González hasta el actual de Mariano Rajoy, han utilizado siempre ese concepto, entendido como "mentira emocional", para hablar de pensiones.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que preside José Luis Escrivá, y que con frecuencia molesta al Gobierno con sus opiniones, acaba de explicar que, hasta el 2022, las pensiones se revalorizarán nominalmente un 0,25% anual, pero en la práctica, cuando llegue ese año, habrán bajado casi el 10%, por el efecto de la inflación, que habrá reducido su poder adquisitivo. Al mismo tiempo, el Gobierno insiste en que las pensiones están garantizadas. Es cierto, pero es una posverdad, porque nadie puede garantizar su poder adquisitivo y menos en un sistema público de reparto con el español, con un grave problema demográfico.

Todos los partidos, con el PSOE y el PP a la cabeza, crearon el llamado Pacto de Toledo, para garantizar, en términos de posverdad, las pensiones. Hay una comisión parlamentaria que vela, en teoría, por el futuro de ese pacto. A pesar de las urgencias y de los déficits de la Seguridad Social, la comisión ha pospuesto sus reuniones hasta el otoño. Mientras, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, y la secretaria ejecutiva de Seguridad Social del PSOE, Magdalena Valerio, han mantenido un primer contacto para abordar el asunto, que pasa, según los socialistas, por indexar las pensiones. Justo lo contrario de lo que todos los Gobiernos  de los últimos 30 años -incluidos los socialistas- han buscado y que finalmente está en vigor, porque el objetivo -la posverdad- de todas las reformas del sistema de pensiones era garantizarlas, pero también evitar que se disparara el gasto.

 Los pensionistas españoles, por otra parte, son afortunados. Son los que reciben un porcentaje mayor de su salario cuando se retiran de toda Europa, incluida Alemania. No es mito, sino realidad, que no será fácil de sostener. Para mantener el sistema se inventó una fórmula de revalorización, que ahora limita las subidas a un 0,25% anual, lo que provocará pérdida de poder adquisitivo. El problema es que el sistema es económicamente insostenible y, además, es políticamente inviable que los pensionistas vean disminuida su capacidad de compra. Todas las soluciones son complicadas e impopulares. La creación de un impuesto de solidaridad está encima de la mesa. Pocos lo quieren. Por otra parte, el Estado deja de recaudar todos los años más de 20.000 millones por las deducciones a los contribuyentes, 3.000 a la empresas y otros 19.000 por los tipos reducidos del IVA. Hay dinero, pues, para reducir el déficit y atender más asuntos, pero quizá haya que olvidarse de la posverdad y llamar a las cosas por su nombre, aunque no parece que nadie esté dispuesto a hacerlo. La política, en el Gobierno y en la oposición, es más fácil con la posverdad.