Portugal, ahora también como ejemplo

El alumno más destacado de la escuela de rescates de la 'troika' (la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo) ha sido, hasta el momento, Portugal. Durante estos años de duras políticas de ajuste y de austeridad para intentar cumplir con los objetivos de déficit y las condiciones del rescate, el Gobierno luso ha apoyado siempre los planes que le imponían, hasta el punto de que la propiatroikarelajó por su cuenta algunas pretensiones al ver los efectos negativos que acababan produciendo en la economía portuguesa.

Si Portugal ha sido presentado como un ejemplo a seguir por otros países rescatados, o semi, por la misma regla de tres debería serlo también ahora cuando el Tribunal Constitucional luso ha sentenciado que eran ilegales la eliminación de una paga extra de los funcionarios y de los pensionistas y las últimas rebajas en el subsidio de paro y las prestaciones por enfermedad. Unas medidas que se han aplicado también en España y que los sindicatos, algún parlamento autonómico como el de Navarra, e incluso la sala de lo social de la Audiencia Nacional han puesto en duda que se ajusten a la Constitución.

El alto tribunal portugués concluye que la retirada de esos emolumentos solo a una parte de los trabajadores (los empleados públicos) vulnera el principio de igualdad y es discriminatoria. Prácticamente el mismo argumento que utiliza aquí el primer sindicato de la función pública, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif).

Últimamente, los jueces de distintos países están demostrando con sus sentencias que el discurso de que la política de austeridad como sea es «la única economía posible» no solo choca con la realidad, sino directamente con muchas de las leyes básicas de los Estados en los que se pretende aplicar. También están constatando que las prisas son malas consejeras a la hora de intentar obtener ingresos o rebajar gastos por la vía más rápida y fácil posible (no pagar las nóminas, por ejemplo) y que cada vez hay más gente dispuesta a defender sus derechos, por pequeños que sean, y dejar en evidencia a los que se saltan la legalidad aludiendo a un hipotético bien común.

En el caso de la supresión de la extra de navidad de los empleados públicos decretada por el Gobierno deRajoy se llegó incluso a la chapuza, al incluir en la rebaja parte de los días ya trabajados antes de que entrase en vigor este recorte, y que, por lo tanto, ya habían creado el derecho pertinente para cobrar la parte correspondiente. Fueron solo 14 jornadas, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a los que lo reclamaron. Veremos ahora si cunde el ejemplo portugués.